La causa contra Nicolás Maduro entra en su fase decisiva: el juicio arrancará el 1 de junio de 2027
Además del proceso penal federal, el exdictador enfrenta una demanda civil presentada en Estados Unidos por familiares de cinco jóvenes venezolanos asesinados entre 2017 y 2020.
Nicolás Maduro. Imagen de archivo
La Justicia fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde enero tras ser capturados por fuerzas estadounidenses durante una operación militar en Caracas.
La fecha fue establecida este miércoles por el juez federal Alvin K. Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, durante una audiencia de aproximadamente veinte minutos celebrada en Manhattan. La programación del proceso respondió a una solicitud conjunta presentada por la Fiscalía y los abogados defensores.
Maduro, de 63 años, y Flores se declararon no culpables de todos los cargos que pesan sobre ellos.
Cuatro cargos federales
La acusación presentada por el Departamento de Justicia atribuye a la pareja cuatro delitos federales relacionados con narcotráfico y armamento:
- Conspiración para cometer narcoterrorismo.
- Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos.
Desde su comparecencia inicial, Maduro ha insistido en calificarse como un "prisionero de guerra", rechazando la legitimidad de las acusaciones formuladas en su contra.
Actualidad
Cuentas pendientes con la dictadura: Condenan a Maduro a pagar 314 millones por torturas a tres estadounidenses
Andrés Ignacio Henríquez
La captura que cambió el rumbo de Venezuela
Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026, cuando comandos estadounidenses ejecutaron una operación especial en Caracas que combinó fuerzas terrestres, aéreas y navales para sacarlos del país.
La operación puso fin a más de una década de régimen de Maduro, quien había permanecido en el poder desde 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.
Tras su captura, el control político interno pasó a manos de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, considerada la principal figura del chavismo remanente, mientras Washington asumió el control de facto sobre las exportaciones petroleras venezolanas mediante un sistema de supervisión internacional que destina los ingresos a cuentas especiales administradas bajo supervisión estadounidense.
La batalla por su defensa
Uno de los principales litigios procesales surgió alrededor de la financiación de la defensa legal.
Las sanciones estadounidenses impedían inicialmente que Maduro y Flores utilizaran recursos venezolanos para contratar abogados en Estados Unidos.
Sin embargo, en abril, Washington autorizó que ambos pudieran financiar su representación legal, después de que la defensa argumentara que la prohibición vulneraba el derecho constitucional a elegir abogado.
La decisión permitió destrabar el proceso y avanzar hacia la programación definitiva del juicio.
También enfrenta una demanda por ejecuciones extrajudiciales
La querella sostiene que el entonces presidente ordenó una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo policial ampliamente cuestionado por organismos internacionales.
Según la demanda, los cinco casos formarían parte de un patrón mucho mayor de asesinatos atribuidos a esa unidad, señalada durante años por organizaciones de derechos humanos y por Naciones Unidas por presuntas ejecuciones arbitrarias y otros abusos.
Las FAES fueron finalmente disueltas en 2021 tras la creciente presión internacional.
Con la fecha ya fijada por el tribunal, el proceso contra Maduro y Flores entra en una nueva fase que podría convertirse en uno de los juicios internacionales más relevantes relacionados con un exjefe de Estado latinoamericano acusado de narcoterrorismo y graves violaciones a los derechos humanos.
LO ÚLTIMO
