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El DHS alerta sobre más de 250.000 no ciudadanos registrados ilegalmente para votar en cuatro estados

Las comunicaciones fueron dirigidas a los secretarios Shirley Weber (California), Dale Caldwell (Nueva Jersey), Francisco Aguilar (Nevada) y Al Schmidt (Pensilvania),.

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Imagen referencial de eleccionesAFP

Williams Perdomo
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El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, envió cartas oficiales a los secretarios de Estado de California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania para advertirles sobre la presencia de decenas de miles de no ciudadanos inscritos en los registros electorales de esos estados.

Las comunicaciones fueron dirigidas a Shirley Weber (California), Dale Caldwell (Nueva Jersey), Francisco Aguilar (Nevada) y Al Schmidt (Pensilvania), solicitando una respuesta en un plazo de dos semanas para confirmar su disposición a colaborar con el DHS en la implementación de medidas destinadas a garantizar elecciones libres, justas y transparentes.

“La seguridad electoral es seguridad nacional”, afirmó el secretario del DHS, Markwayne Mullin. “Como anunció anoche el presidente Trump, el DHS ha identificado a más de 250.000 posibles no ciudadanos registrados ilegalmente para votar en solo cuatro estados de Estados Unidos. Solo los estadounidenses deben elegir a los líderes estadounidenses”.

De acuerdo con una revisión preliminar realizada por el DHS, el número estimado de posibles no ciudadanos registrados para votar asciende a:

190.832 en California.

35.152 en Nueva Jersey.

15.903 en Nevada.

14.576 en Pensilvania.

En total, el Departamento estima que más de 256.000 personas podrían figurar indebidamente en los registros electorales de estos cuatro estados.

Los esfuerzos del DHS para fortalecer los procesos democráticos del país

El DHS señaló que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la integridad y la seguridad del sistema electoral estadounidense. 

El Departamento de Seguridad Nacional reiteró que continuará trabajando con las autoridades estatales para garantizar el cumplimiento de la legislación electoral federal y preservar la confianza pública en los procesos democráticos del país.
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