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Nuevo endurecimiento migratorio: la Administración Trump reactivará norma para negar la residencia a beneficiarios de programas sociales

Un reglamento definitivo publicado este jueves revoca una norma de la Administración Biden, adoptada en 2022, que limitaba a los funcionarios a considerar únicamente el uso de ayudas económicas en efectivo al evaluar las solicitudes de residencia permanente.

Donald Trump en Washington DC/ Kent Nishimura

Donald Trump en Washington DC/ Kent NishimuraAFP

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La Administración del presidente Donald Trump restablecerá una política migratoria más estricta que permitirá a las autoridades federales denegar formalmente la residencia permanente (green card) a los solicitantes que reciban ayudas públicas como Medicaid, cupones de alimentos o subsidios de vivienda. Un reglamento definitivo publicado este jueves revoca una norma de la Administración Biden, adoptada en 2022, que limitaba a los funcionarios a considerar únicamente el uso de ayudas económicas en efectivo al evaluar las solicitudes de residencia permanente.

Bajo la nueva política, los funcionarios de inmigración podrán tener en cuenta cualquier uso de beneficios públicos, junto con otros factores como la edad, el nivel educativo, las habilidades laborales y el estado de salud del solicitante, al decidir si reúne los requisitos para obtener la residencia legal permanente o ingresar a Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que el nuevo criterio comenzará a aplicarse dentro de 60 días. La medida gira en torno al histórico criterio de "carga pública" (public charge), utilizado por las autoridades migratorias para determinar si un solicitante tiene probabilidades de depender de la asistencia gubernamental en el futuro.

“La Administración Trump está haciendo cumplir el Estado de derecho y protegiendo a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que puedan llegar a depender de los beneficios públicos. USCIS está comprometido con salvaguardar la seguridad, la protección y el bienestar financiero de los estadounidenses”, declaró el portavoz de USCIS, Zach Kahler.

Sarah Krieger, asesora principal de políticas del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, condenó la medida y acusó a la Administración de utilizar la política migratoria para desalentar a los inmigrantes de acceder a servicios básicos. “La Administración Trump está utilizando una vez más al Gobierno federal como un arma para hacer que los inmigrantes tengan miedo de ir al médico, comprar alimentos en el supermercado e incluso presentar sus declaraciones de impuestos. Con esta nueva norma están sembrando miedo y caos para, en última instancia, transformar a Estados Unidos en un país donde solo unos pocos, blancos y ultrarricos, sean bienvenidos”, afirmó Krieger.

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