Un juez libera al secuestrador de un avión y desata un nuevo choque entre el DHS y el poder judicial por la política migratoria de Trump
Un ciudadano cubano condenado por tomar el control de una aeronave a la fuerza y cumplir dos décadas en prisión fue puesto en libertad por orden de un juez federal mientras esperaba su deportación. El Departamento de Seguridad Nacional denunció la decisión como un nuevo ejemplo de "activismo judicial" que, según sostiene, obstaculiza los esfuerzos del ICE para expulsar a delincuentes extranjeros.
Un agente del Departamento de Seguridad Nacional, DHS (Archivo)
La disputa entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y parte del poder judicial volvió a escalar esta semana luego de que un juez federal ordenara la liberación de un ciudadano cubano condenado por secuestrar un avión comercial en 2003, pese a que permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la espera de su deportación.
La decisión reavivó el enfrentamiento entre la administración del presidente Donald Trump y jueces federales que han limitado o revertido distintas medidas migratorias impulsadas por el Ejecutivo, un conflicto que el DHS considera uno de los principales obstáculos para ejecutar las deportaciones de inmigrantes con antecedentes criminales.
El protagonista del caso es Miakel Guerra Morales, ciudadano cubano condenado por piratería aérea tras participar en el secuestro de un avión que cubría la ruta entre Nueva Gerona, Cuba, y Florida en marzo de 2003.
Según los registros judiciales, Guerra Morales agredió a miembros de la tripulación y obligó al piloto a desviar la aeronave hacia Key West, Florida. Tras ser detenido por las autoridades estadounidenses, fue declarado culpable de piratería aérea y conspiración para interferir con la tripulación de un vuelo, recibiendo una condena de 22 años de prisión, de los cuales cumplió aproximadamente dos décadas.
Una vez finalizada su condena, el ICE asumió su custodia en diciembre de 2025 con el objetivo de ejecutar su expulsión del país. Sin embargo, tras permanecer cerca de siete meses detenido mientras avanzaba el proceso migratorio, el juez federal John E. Steele, nominado por el expresidente Bill Clinton, ordenó el pasado 8 de julio su liberación bajo supervisión al considerar que el período de detención se había prolongado en exceso.
La resolución provocó una inmediata reacción del DHS, que calificó la decisión como otro ejemplo de jueces que, según el organismo, interfieren en la aplicación de las leyes migratorias.
La reacción del DHS
"Este juez activista obligó al ICE a liberar a un inmigrante ilegal con antecedentes penales que fue condenado a 22 años de prisión por secuestrar un avión y que ahora regresa a comunidades estadounidenses", afirmó la funcionaria en un comunicado citado por el New York Post.
Bis sostuvo además que la resolución representa un nuevo intento de bloquear la política migratoria impulsada por la Casa Blanca.
"Este es otro ejemplo de un juez activista que intenta frustrar el mandato otorgado por el pueblo estadounidense al presidente Trump para expulsar del país a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. Bajo la presidencia de Trump y el liderazgo del secretario Mullin, el DHS continuará luchando para detener y deportar a quienes no tienen derecho a permanecer en Estados Unidos", agregó.
Un nuevo frente en la batalla entre el ICE y los tribunales
El caso de Guerra Morales se suma a una larga serie de disputas legales entre el Ejecutivo y tribunales federales en materia migratoria.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el ICE ha intensificado las detenciones de extranjeros con antecedentes penales, priorizando su permanencia bajo custodia hasta concretar las deportaciones. Sin embargo, diversas decisiones judiciales han ordenado la liberación de detenidos cuando consideran que el Gobierno no puede ejecutar la expulsión en un plazo razonable o cuando estiman que la detención administrativa se prolonga más allá de los límites establecidos por la jurisprudencia.
Para el DHS, estas resoluciones reducen la capacidad operativa de los agentes migratorios y aumentan el riesgo de que delincuentes condenados permanezcan en territorio estadounidense mientras continúan los procesos de deportación.
El organismo sostiene que mantener bajo custodia a criminales extranjeros representa una herramienta clave para garantizar su expulsión efectiva y evitar que vuelvan a integrarse en las comunidades antes de que concluyan los trámites migratorios.
El proceso de deportación continúa
Aunque Guerra Morales recuperó la libertad bajo supervisión, su proceso migratorio permanece abierto.
Documentos judiciales confirman que el ICE continúa gestionando su expulsión. Inicialmente las autoridades evaluaban deportarlo a México, aunque también existe la posibilidad de que finalmente sea enviado a Cuba, dependiendo de los acuerdos diplomáticos y de la aceptación del país receptor.
Mientras tanto, el ciudadano cubano permanecerá en libertad supervisada, sujeto a controles de las autoridades migratorias hasta que se resuelva definitivamente su situación.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate la creciente confrontación entre la Administración Trump y sectores del poder judicial sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo para detener y deportar a inmigrantes con antecedentes penales, una disputa que continúa marcando buena parte de la agenda migratoria del país.
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