El DOJ advierte a los funcionarios estatales de que pueden ser procesados si permiten votar a personas que no son ciudadanas: "Queremos que dejen de hacerlo"

El Departamento de Justicia ha enviado una advertencia contundente a los 50 estados en la que indica que los responsables electorales pueden ser procesados penalmente si permiten a sabiendas que personas sin ciudadanía voten en las próximas elecciones de 2026.

La fiscal general adjunta para los Derechos Civiles Harmeet Dhillon envió las cartas el martes después de que el Gobierno llevara a cabo investigaciones que revelaron que decenas de miles de no ciudadanos han conseguido inscribirse en los censos electorales estatales, y de que el Departamento de Justicia procesara a un puñado de extranjeros que votaron ilegalmente en las elecciones federales, entre ellos un ciudadano australiano a principios de esta semana.

"Un derecho sagrado"

"Cada persona que vota ilegalmente y que anula tu voto o el mío es una de más para mí, y creo que debería serlo para todos los ciudadanos, porque es un derecho sagrado", declaró Dhillon el miércoles por la noche en el programa de televisión Just the News, No Noise.

Las cartas de Dhillon dan a los estados cinco días para explicar cómo van a cumplir con las leyes federales sobre la elegibilidad de los votantes e identificar qué medidas van a tomar para mantener "listas electorales limpias" que eliminen a los no ciudadanos antes del día de las elecciones.

"Cualquier funcionario electoral, incluido el responsable electoral principal del estado, que mantenga a sabiendas a personas que no sean ciudadanas en el SVRL del estado o facilite que dichas personas reciban y emitan votos podría incurrir en responsabilidad penal", reza la carta enviada a la secretaria de Estado de Míchigan Jocelyn Benson.

"A algunas personas les preocupa que, de hecho, estén infringiendo la ley, y queremos que dejen de hacerlo»"

La advertencia se produce mientras la Administración Trump intensifica sus esfuerzos para que el Senado apruebe el Ley SAVE America, que exige una prueba de ciudadanía y un documento de identidad con fotografía para votar.

Dhillon afirmó que su oficina había elaborado una lista de las sanciones penales previstas en las leyes electorales federales , como la Ley de Derechos Electorales, la Ley Help America Vote y la Ley Nacional de Registro de Votantes.

"Miren, no quiero asustar a nadie, pero si eso provoca miedo, significa que algunas personas están preocupadas por estar infringiendo la ley, y queremos que dejen de hacerlo", afirmó Dhillon.

El DOJ descubrió "cientos de miles de personas fallecidas en los censos electorales"

«Espero que no sea necesario iniciar ningún proceso judicial», añadió.

Además, Dhillon señaló que, en los estados que cooperan con el Departamento de Justicia en la «depuración de los censos electorales», este había descubierto "cientos de miles de personas fallecidas en los censos electorales", así como "decenas de miles de no ciudadanos en los censos electorales".

Los datos recientes de cada estado ofrecen una visión más detallada. La Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte ha identificado alrededor de 34.000 personas fallecidas en los censos electorales del estado, mientras que una auditoría en curso en Ohio ha ha señalado 62 posibles inscripciones de personas que no son ciudadanas.

Por su parte, Míchigan ha eliminado más de 1,4 millones de inscripciones desde 2019 para eliminar a los votantes fallecidos.

El departamento tiene actualmente en curso demandas contra más de 20 estados

Sigue siendo difícil verificar las cifras nacionales del Departamento de Justicia, ya que el departamento tiene actualmente demandados a más de 20 estados, entre ellos California, por negarse a entregar sus fichas de votantes sin censurar.

Dhillon afirmó que le preocupaba que, en estados grandes como California, pudiera haber "cientos de miles de personas" en los censos electorales que no tuvieran registros de ciudadanía en los sistemas.

El Departamento de Justicia también anunció esta semana que va a enviar observadores electorales a seis estados: Arizona, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nuevo Hampshire y Virginia.

Dhillon señaló que los observadores se están enviando a condados y jurisdicciones que ya han tenido problemas anteriormente durante las elecciones federales.

"Estamos intentando vaciar el océano con una cucharilla"

Dhillon señaló que Arizona sufrió «fallos técnicos en sus centros de votación», donde aproximadamente el 20 % del condado de Maricopa tuvo problemas con las impresoras de papeletas bajo demanda, el condado de Apache sufrió "una caída prácticamente total del sistema de votación" y Detroit padeció "colas extremadamente largas en los alrededores de las universidades, donde los estudiantes tuvieron que esperar para votar".

Las autoridades locales se han opuesto a las cartas del Departamento de Justicia sobre la supervisión electoral. La secretaria municipal de Detroit, Janice Winfrey, recientemente calificó los argumentos del departamento de "argumento endeble" y de "afirmaciones falsas que dan lugar a una conclusión infundada".

Dhillon rechazó estas críticas, afirmando que los delitos electorales perjudican a los votantes que cumplen la ley.

"No existe una cultura en las fuerzas del orden que se preocupe por ello. Se considera un delito sin víctimas. No es un delito sin víctimas", afirmó. "Estamos intentando vaciar el océano con una cucharilla, porque no existe una cultura en las fiscalías federales de perseguir estos delitos".

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