ANÁLISIS
'El precio de sostener el castrismo': un informe denuncia el papel determinante de España y la UE en la supervivencia del régimen comunista cubano
Por décadas, España ha tratado a la dictadura cubana como un deudor incómodo, un socio histórico y un destino empresarial estratégico. Un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana sostiene que esa política ha terminado funcionando como un salvavidas financiero para La Habana: quitas de deuda, programas de conversión, cooperación pública y apoyo institucional mientras la isla mantiene presos políticos, represión sistemática, éxodo masivo y una economía en ruinas.
El dictador cubano Miguel Diaz-Canel (derecha) y el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez (Archivo)
La cifra que condensa la acusación es esta: 2.444 millones de euros. Ese era, según el informe El precio de sostener el castrismo, el monto de la deuda cubana con España reestructurada en 2016. De esa cantidad, España habría condonado directamente 1.492 millones, alrededor del 60% del total. Después llegaron nuevas fórmulas de alivio: un programa de conversión de deuda de hasta 375 millones de euros y una nueva operación valorada en 291 millones, lo que, según el cálculo del Instituto Juan de Mariana, habría reducido casi un 90% las obligaciones cubanas con España.
La Moncloa presentó en julio de 2025 el Programa de Conversión de Deuda con Cuba como un instrumento para movilizar hasta 375 millones de euros hacia proyectos de desarrollo sostenible en energía, agua o seguridad alimentaria. El Gobierno español defendió que el mecanismo transformaría deuda en inversiones de impacto social.
El informe, sin embargo, lee la operación desde el ángulo opuesto: no como cooperación, sino como oxígeno financiero para un régimen que no ha ofrecido reformas políticas verificables a cambio. Su tesis central es demoledora: España no ha acompañado una transición democrática en Cuba; ha contribuido a abaratar el coste de supervivencia de la dictadura.
"La evidencia más contundente del apoyo financiero que España está brindando al régimen cubano es la cadena de medidas de alivio, conversión y reestructuración de deuda que se le han prestado desde Madrid a La Habana", afirmó durante una entrevista para Voz Media Diego Sánchez de la Cruz, Jefe de Estudios del Instituto.
Una dictadura subvencionada por etapas
El castrismo nunca fue autosuficiente. Primero dependió de la Unión Soviética, que, según el informe, transfirió a Cuba más de 120.000 millones de dólares en ayudas, subsidios y créditos. Después Venezuela sustituyó a Moscú como gran sostén externo, con petróleo y transferencias que llegaron a representar, en el punto más alto de la alianza chavista, hasta el 22% del PIB cubano. Más recientemente, Rusia ha vuelto a ocupar un papel central mediante condonaciones, préstamos, aplazamientos y suministro energético. México también, lo que más discretamente, a dado otros soportes al aparato estatal de la isla.
España aparece en esa cadena no como el mayor financiador, sino como un "actor clave dentro del mundo democrático": un país miembro de la Unión Europea que, pese a la represión en la isla, ha seguido normalizando la relación financiera y diplomática con La Habana.
El caso más sensible es la deuda. En 2016, Cuba debía a España 2.444 millones de euros. Según el informe, la condonación inicial alcanzó 1.492 millones. Luego, el Programa de Conversión de Deuda de 375 millones permitió transformar obligaciones pendientes en proyectos dentro de la isla. En 2025 se añadió otra operación de alivio de 291 millones. El resultado, según el cálculo del Instituto Juan de Mariana, es que el saldo pendiente habría quedado en torno a 286 millones de euros.
"En 2016 España reconocía cerca de 2.500 millones de euros de deuda que Cuba tenía pendiente y hoy esa cifra no llega ni a los 300 millones. Eso quiere decir que de cada 100 euros de deuda apenas permanecen en pie 10", explicó el también analista económico a Voz.
El informe va más allá y calcula el coste financiero efectivo: si Cuba hubiera tenido que financiar esa deuda en condiciones de mercado, con un interés compuesto del 8% anual, el saldo habría llegado en 2026 a unos 5.280 millones de euros. Desde esa hipótesis, el apoyo español equivaldría a un impacto financiero cercano a 4.994 millones. Es una estimación del propio documento, no una cifra oficial del Gobierno español, que ha mantenido estos temas en perfil bajo durante décadas.
El argumento oficial: cooperación y desarrollo
La defensa del Gobierno español se apoya en una idea: convertir deuda impagada en proyectos útiles. Según La Moncloa, el programa de hasta 375 millones busca financiar actuaciones en sectores críticos como energía, agua y seguridad alimentaria, y está vinculado al acuerdo multilateral alcanzado en el Club de París.
Pero ahí surge la pregunta central de esta investigación: ¿puede hablarse de cooperación eficaz cuando el receptor es un Estado opaco, de partido único, sin prensa libre, sin control parlamentario independiente y con presos políticos?
El informe del Instituto Juan de Mariana responde que no. Cualquiera que se acercara a la realidad cubana también llegaría a esta conclusión. Sostiene que los fondos, aunque formalmente se etiqueten como desarrollo, terminan reforzando capacidades estatales en manos de la misma estructura política que reprime a la sociedad cubana. También menciona ventas de material policial, programas energéticos, digitalización administrativa, cooperación institucional, asistencia técnica y ayudas alimentarias.
La otra factura: presos, pobreza y éxodo
La dimensión financiera no puede separarse del contexto político. En 2026, Cuba mantenía más de 1.200 presos políticos según Prisoners Defenders, y cientos de personas vinculadas a las protestas de julio de 2021 seguían encarceladas o sometidas a restricciones.
Amnistía Internacional advirtió en abril de 2026 que las excarcelaciones anunciadas por el régimen seguían marcadas por la discrecionalidad, la falta de transparencia y la ausencia de garantías de liberación plena para quienes fueron encarcelados por ejercer derechos fundamentales.
El propio informe del Instituto Juan de Mariana cita cifras aún más altas procedentes de organizaciones de derechos humanos: decenas de cientos de reclusos por motivos políticos, más de 20.000 encarcelados políticos desde 1959 y cerca de 300 centros penitenciarios o de privación de libertad.
A la represión se suma el derrumbe económico. El informe afirma que el salario real medio equivaldría a unos 4 dólares mensuales, que el 89% de los cubanos viviría en pobreza extrema y que siete de cada diez personas se verían obligadas a saltarse alguna comida diaria por falta de recursos, según estudios de algunas organizaciones como Food Monitor Program que siguen de cerca el tema de la inseguridad alimentaria y la precariedad que hoy vive la isla.
El éxodo completa el cuadro. Entre 2021 y 2024, más de un millón de cubanos abandonaron la isla, una salida equivalente a casi una cuarta parte de la población.
"Han sido décadas de cooperación con una dictadura de partido único que sigue manteniendo más de 300 cárceles, más de mil presos políticos y que continúa reprimiendo cualquier forma de disidencia. No hay una mejora verificable en derechos humanos ni una apertura económica o política que justifique todas estas concesiones", afirmó Sánchez de la Cruz.
Empresas españolas: el socio que no cobra
Ese dato cambia el encuadre político. No se trata solo de una relación entre dos Estados. También hay empresas privadas españolas atrapadas en un mercado donde el régimen controla pagos, divisas, autorizaciones y repatriación de beneficios. La política española hacia Cuba ha combinado condonaciones públicas con la incapacidad de garantizar que sus propios empresarios cobren.
El problema moral
España ha justificado durante años su política cubana con una fórmula conocida: diálogo, presencia, cooperación, influencia. Pero el balance que dibuja el informe es otro. Tras décadas de relación, Cuba sigue siendo una dictadura de partido único; las libertades civiles continúan reprimidas; las protestas de 2021 fueron castigadas con largas condenas; la economía se hunde; y la población huye en masa.
La pregunta ya no es si España debe relacionarse con Cuba. Todos los Estados se relacionan, de una u otra forma, con gobiernos autoritarios. La pregunta es qué obtiene la sociedad cubana a cambio de cada alivio financiero concedido a su gobierno.
Si la respuesta es más transparencia, más libertades, liberación de presos y apertura real, la cooperación podría defenderse. Pero si la respuesta es opacidad, impagos, represión y propaganda, entonces el diagnóstico del Instituto Juan de Mariana gana fuerza: España no estaría financiando una transición, sino administrando la supervivencia de un régimen.
El precio de mirar hacia otro lado
La cifra final —casi 5.000 millones de euros de coste financiero efectivo, según la estimación del Instituto Juan de Mariana— pudiera ser discutible como cálculo económico, pero poderosa como símbolo político. Porque detrás de ella hay una realidad difícil de esquivar: mientras España condona, convierte y reestructura, Cuba encarcela, empobrece y expulsa a su gente.
“No cabe una relación cordial con La Habana mientras La Habana siga siendo lo que es uno de los ejes del mal en Occidente, un país que coopera de forma activa con todos los regímenes autoritarios que le complican la vida a los ciudadanos del mundo libre, pero que además oprime a toda su propia población con un modelo totalitario que lleva en pie décadas y décadas desde el año 59”, concluyó Diego Sánchez de la Cruz.
Ese es el precio de sostener al castrismo. Y también el precio de mirar hacia otro lado.
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