El excongresista David Rivera es declarado culpable de hacer lobby en secreto para el régimen de Maduro a cambio de $50 millones
El representante de Florida, que durante años se presentó como un político anticomunista, fue hallado culpable de conspiración, lavado de dinero y no haberse registrado como agente extranjero. Fue trasladado de inmediato a prisión por riesgo de fuga.
El exdictador Nicolás Maduro en una imagen de archivo
David Rivera, quien ocupó una banca en la Cámara de Representantes federal entre 2011 y 2013 por el Partido Republicano, fue encontrado culpable por un jurado federal de Miami de seis delitos vinculados a una operación de cabildeo encubierto que benefició al régimen de Nicolás Maduro entre 2017 y 2018.
Los cargos por los que se lo condenó incluyen conspiración, lavado de activos y el hecho de que operó como agente extranjero sin haberse registrado como tal. Su socia en la operación, la consultora política Esther Nuhfer, de 52 años, también fue encontrada culpable, en su caso por cuatro cargos. A ambos les fueron rechazados los planteos de absolución. Rivera, de 60 años, terminó esposado en la propia sala del tribunal cuando la jueza Melissa Damian, atendiendo el pedido fiscal de riesgo de fuga, ordenó su detención inmediata.
La sentencia se dictará el 20 de julio y la fiscalía espera que la pena sea elevada. Los abogados del excongresista ya anunciaron que apelarán.
Un esquema para favorecer a PDVSA
El esquema, según expuso la fiscalía durante las cinco semanas de juicio, funcionó de la siguiente manera: Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal venezolana, contrató por $50 millones a una firma vinculada a Rivera para que moviera sus influencias entre legisladores en Washington y la propia Casa Blanca, con la meta de tender puentes entre el chavismo y la Administración estadounidense de ese entonces. La operación nunca llegó a completarse y el contrato fue rescindido a mitad de camino, luego de que se pagara cerca de $20 millones, que se repartieron entre Rivera, Nuhfer y otras dos personas que no llegaron a ser imputadas en la causa.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones afirmó que el caso reveló una transacción simple entre ciudadanos estadounidenses y un régimen hostil hacia EEUU.
"Los acusados vendieron acceso e influencia a un régimen extranjero hostil a cambio de dinero", dijo tras conocerse el fallo, reafirmando el peso simbólico del veredicto en un estado tremendamente marcado por el exilio cubano y venezolano: "En el sur de Florida, donde tantas familias huyeron de la opresión comunista, una traición de ese tipo tiene un peso real".
La defensa buscó voltear el relato. Los abogados defensores dijeron que Rivera no estaba ayudando a Maduro, capturado por EEUU el pasado enero, sino conspirando para sacarlo, y que el contrato no exigía registro como agente extranjero porque la firma había sido con PDV USA, una subsidiaria estadounidense, y no con la matriz venezolana. El jurado descartó ambos argumentos.
El juicio captó la atención nacional después de que la fiscalía hiciera declarar al actual secretario de Estado Marco Rubio, quien fue amigo personal de Rivera y excompañero de vivienda durante los años en que ambos eran legisladores estatales en Tallahassee. Rubio, sobre quien no pesa ninguna sospecha en la causa, era senador federal por Florida en el período investigado y dijo bajo juramento que ignoraba la existencia del contrato. Reconoció haberse reunido dos veces con Rivera en aquel entonces.
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