El DOJ pide a una corte de apelaciones reactivar los casos sobre las sanciones a los bufetes de abogados

El Departamento de Justicia (DOJ) dio el martes un giro en su postura después de haber abandonado de forma abrupta la defensa de las sanciones impuestas a bufetes de abogados considerados hostiles al presidente Donald Trump y a su agenda.

El año pasado, Trump firmó órdenes ejecutivas dirigidas contra varios despachos, revocando las autorizaciones de seguridad de sus abogados, restringiendo su acceso a edificios y funcionarios federales y cancelando contratos con el Gobierno.

Los bufetes Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block y Susman Godfrey impugnaron las órdenes ante los tribunales y los jueces declararon inconstitucionales las medidas.

Aunque el DOJ había recurrido esas decisiones, retiró las apelaciones el lunes, según los documentos judiciales. Sin embargo, en un giro repentino, el departamento pidió el martes a una corte de apelaciones que reactivara los casos.

El Gobierno reconoció que los despachos se oponen a la "solicitud inexplicada", pero argumentó que, dado que la corte de apelaciones aún no ha dictado sentencia, conserva la autoridad para continuar.

Algunos bufetes ligados a la investigación rusa

WilmerHale y Jenner & Block estaban relacionados profesionalmente con el exfiscal especial Robert Mueller, quien investigó la supuesta injerencia rusa a favor de Trump en las elecciones de 2016. 

Por otra parte, Perkins Coie representó la campaña presidencial de Hillary Clinton ese mismo año y participó en la elaboración de documentos relacionados con los supuestos vínculos de Trump con el Kremlin.

Antes de que el DOJ rectificara, Susman Godfrey afirmó que "el Gobierno ha capitulado, lo que supone un final apropiado para su ataque claramente inconstitucional contra Susman Godfrey y el Estado de derecho".

"Al hacerlo, ha abandonado cualquier intento de defender la indefendible orden ejecutiva contra nuestro despacho", añadió.

La orden de la Administración Trump acusó a la firma de "esforzarse por degradar la calidad de las elecciones estadounidenses" y de incurrir en conflictos de interés.

Susman Godfrey representó a Dominion Voting Systems en su demanda por difamación contra Fox News, donde obtuvo un acuerdo de $787,5 millones  para Dominion por afirmaciones sobre el presunto fraude electoral en 2020.