Colony Ridge acuerda con Texas y el DOJ: deberá pagar $68 millones y restringir la venta de terrenos a indocumentados

Colony Ridge, la ‘favela’ de inmigrantes ilegales en Texas, acordó pagar 68 millones de dólares en un acuerdo alcanzado con el estado y con la Administración Trump. Otro punto clave del arreglo es la construcción de un nuevo centro de aplicación de la ley dentro del lugar.

El desarrollo inmobiliario ubicado al norte de Houston llamó la atención nacional en 2023 tras un artículo publicado por The Daily Wire. En concreto, tenía un modelo de negocio apuntado a inmigrantes ilegales, aprovechando su situación migratoria para ofrecerles tasas de interés muy altas.

Posteriormente, la Administración Biden inició una investigación federal que terminó con este acuerdo que castiga al desarrollo, elimina su capacidad de otorgar préstamos a inmigrantes indocumentados y aumenta el control de las autoridades en la zona.

Entre otras cosas, el acuerdo incluye exigirles a los compradores una licencia de conducir o un documento de identificación válido en el Lone Star State, incluso una visa válida emitida después del 1 de enero del 2025. A su vez, 20 de los 68 millonesde dólares se invertirán en la construcción de un nuevo centro de aplicación de la ley dentro de Colony Ridge.

En adición, otra parte de los fondos se utilizarán facilitar los acuerdos 287(g), un mecanismo clave de cooperación entre el Gobierno federal y las fuerzas del orden locales. La disposición está dentro de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 y autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a delegar ciertas funciones de inmigración a autoridades estatales y locales. Por ejemplo, permite que estos agentes locales actúen como “agentes de inmigración” en ciertas circunstancias.

En cuanto a quienes adquirieron estos préstamos, el acuerdo contempla medidas para reparar el daño crediticio sufrido por los compradores que cayeron en default, al tiempo que obliga a los desarrolladores a garantizar publicidad honesta y precisa, evitando afirmaciones engañosas sobre las propiedades y las condiciones de financiamiento ofrecidas.

“Dirigirse intencionadamente a prestatarios vulnerables con el sueño americano de ser propietarios de una vivienda y luego atraparlos en una trama abusiva no solo es incorrecto, sino que también viola nuestras leyes de derechos civiles”, expresó sobre el acuerdo la fiscal general adjunto Harmeet Dhillon, de la División de Derechos Civiles del DOJ.

“Los cambios exigidos por este acuerdo promoverán la seguridad pública y la propiedad de viviendas asequibles y sostenibles en Estados Unidos, prioridades clave de esta Administración”, añadió.

Según la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, “el acuerdo detiene de facto el desarrollo de una comunidad de inmigrantes ilegales”.

“Colony Ridge puso en peligro a los ciudadanos estadounidenses al permitir que los inmigrantes ilegales camparan a sus anchas por sus calles, sus escuelas y su comunidad. Ahora es el momento de que los responsables paguen un alto precio por sus acciones ilegales. (…) Mi oficina seguirá aplicando todo el peso de la ley contra cualquiera que amenace la seguridad de nuestro estado o cree un refugio seguro para los ilegales”, señaló Paxton en un comunicado.