Amplio apoyo bipartidista: la Cámara de Representantes aprueba una ley para hacer la vivienda más asequible

La Cámara de Representantes aprobó con amplio apoyo bipartidista un proyecto de ley para hacer la vivienda más asequible. Se trata de la Ley de Vivienda para el Siglo XXI, que busca aumentar la oferta de viviendas para eventualmente ver un retroceso en los precios. El proyecto ahora pasará al Senado, donde se espera que genere más debate. 

La legislación pasó la Cámara Baja con 390 votos a favor y solo 9 en contra. El objetivo final del proyecto es acelerar la construcción y abaratar el acceso a la vivienda.

"La Cámara de Representantes acaba de aprobar la Ley bipartidista de Vivienda para el Siglo XXI, que combatirá el aumento de los costes de la vivienda mediante la modernización de las políticas federales de vivienda para aumentar la oferta de viviendas, reducir las barreras normativas y actualizar los programas obsoletos", celebró el congresista French Hill (R-AR), presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara. 

"La aprobación hoy por parte de la Cámara de Representantes de la Ley de Vivienda para el Siglo XXI es un paso fundamental para abordar esta escasez, ya que reduce las barreras normativas innecesarias, moderniza los programas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y da a los bancos flexibilidad para desplegar capital con el fin de aumentar nuestra oferta de viviendas", expresó por su parte el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. 

El diagnóstico bipartidista es que "la oferta de viviendas no ha seguido el ritmo de la demanda, lo que ha dejado al país con un déficit de hasta 5,5 millones de unidades". Según el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, esto generó un aumento en los costos de construcción, retrasos logísticos y regulaciones de zonificación desactualizadas.

Para combatir esta situación, el proyecto apunta a reducir las barreras regulatorias que aumentan el costo de la vivienda, modernizar los programas federales de vivienda y mejorar el acceso al capital para constructoras y prestamistas. 

A su vez, le daría un mayor margen a estados y ciudades para ejecutar fondos de vivienda y reduciría cargas regulatorias sobre bancos comunitarios para que puedan prestar más a proyectos inmobiliarios y compradores.