El DOJ demandó a Minnesota por su política de discriminación positiva en las contrataciones estatales

El Departamento de Justicia (DOJ) demandó a Minnesota por su política de discriminación positiva para las contrataciones estatales. Semanas después de que estallara el supuesto fraude estatal con guarderías y centros dirigidos por somalíes en Minnesota, la División de Derechos Civiles del DOJ busca impugnar la política de discriminación positiva implementada por Tim Walz, la cual le pide a todas las agencias estatales que  implementen planes de acción afirmativa basados en el sexo y la raza. 

La demanda ya fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Minnesota. El DOJ alegó que esta política "discrimina, limita y clasifica a empleados y posibles empleados por motivos de raza y sexo", violando el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. 

"Dado que la dotación de personal es un juego de suma cero, cuando Minnesota da preferencia a empleados o posibles empleados por motivos de raza, color, origen nacional y sexo, inevitable y necesariamente discrimina a otros empleados o posibles empleados por motivos de raza , color, origen nacional y sexo", reza el texto de la demanda. 

La demanda remarca que las medidas actuales generan que los supervisores y jefes de personal tengan que justificar por escrito por qué contratan a una persona que no pertenece a un grupo racial o de género “subrepresentado”, desfavoreciendo así a aquellos que, según su criterio, no pertenecen a este grupo. 

"Desde demandas por las políticas de ciudades santuario hasta una amplia investigación por fraude, la demanda de hoy es el último esfuerzo del Departamento de Justicia para que Minnesota cumpla con la ley federal", expresó la fiscal general, Pam Bondi, a través de un comunicado difundido por el DOJ. 

"Tomar decisiones de contratación basadas en características inmutables como la raza y el sexo es simple discriminación, y la Administración Trump no tolera tales políticas de DEI", añadió. Bondi presentó el caso como asunto de importancia pública, lo que podría llevarlo rápidamente ante tribunales superiores.

¿Qué dice el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964? Según este estatuto, está prohibido que empleadores discriminen por motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad al tomar decisiones de empleo y condiciones de trabajo. Esto rige tanto para empresas privadas como para gobiernos estatales y locales.

"Será una práctica laboral ilegal para un empleador negarse a contratar o despedir a una persona, o discriminarla de cualquier otra forma en relación con su salario, condiciones o privilegios laborales, por motivo de raza, color, religión, sexo u origen nacional", se lee en el Título VII de la citada ley.