Un fallo judicial obliga al Gobierno a liberar a cientos de detenidos por operativos migratorios en Chicago
La resolución fija plazos al Departamento de Seguridad Nacional para entregar informes sobre más de 600 detenidos y liberar a 313 inmigrantes arrestados sin orden judicial.
Agentes del ICE, durante un operativo
Un juez federal ordenó la liberación de más de 300 personas detenidas en operativos migratorios realizados por el Gobierno en el área de Chicago, tras determinar que las detenciones efectuadas durante la denominada “Operación Midway Blitz” violaron un acuerdo judicial vigente que prohíbe los arrestos sin orden judicial.
El fallo y sus plazos
La resolución, emitida por el juez de distrito Jeffrey Cummings, establece tres fechas límite para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Antes del viernes, el Gobierno deberá liberar bajo fianza a 13 detenidos arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Illinois y retenidos en Texas, Missouri y otros estados.
Para el 19 de noviembre, el DHS deberá presentar informes detallados sobre 615 personas detenidas sin orden judicial entre junio y principios de octubre, y antes del 21 de noviembre, liberar a 313 inmigrantes considerados de bajo riesgo de fuga y cuya detención haya violado el acuerdo Castañon-Nava.
Quienes no sean considerados un riesgo para la seguridad pública podrán ser liberados bajo fianza de 1.500 dólares y quedarán sujetos a monitoreo electrónico, incluyendo dispositivos GPS en el tobillo.
En cambio, aquellos clasificados como de alto riesgo deberán permanecer bajo custodia federal.
Acusaciones de violación a un decreto federal
Argumentan que las detenciones vulneran el decreto de consentimiento federal Castañon-Nava, que limita la forma en que las agencias pueden realizar arrestos migratorios.
Por su parte, el abogado del Departamento de Justicia, William Weiland, calificó el fallo como “bastante significativo” y pidió al juez suspender de inmediato cualquier orden de liberación mientras consulta con sus superiores.
Los fiscales advirtieron además que reunir la documentación necesaria será “un desafío significativo” y que podrían apelar la decisión.
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