Un gran jurado acusa formalmente a John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, por manejar indebidamente documentación secreta
La acusación, que consta de 18 cargos bajo la Ley de Espionaje, lo expone a posibles décadas de prisión por la transmisión y retención ilegal de Información de Defensa Nacional (NDI).

John Bolton Former exasesor de seguridad nacionald del presidente Donald Trump durante su primer mandato
John Bolton, quien sirvió como asesor de seguridad nacional durante el primer mandato del presidente Donald Trump antes de convertirse en uno de sus críticos más vocales, fue acusado formalmente por un gran jurado federal en Maryland este jueves.
La acusación, que consta de 18 cargos bajo la Ley de Espionaje, lo expone a posibles décadas de prisión por la transmisión y retención ilegal de Información de Defensa Nacional (NDI).
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el caso en un tribunal de Greenbelt, Maryland, donde el jurado determinó que existía evidencia suficiente para proceder. Bolton, de 76 años y residente en Bethesda, enfrenta ocho cargos por transmisión ilegal de NDI y diez por retención indebida de la misma.
De acuerdo con el comunicado del DOJ, Bolton habría utilizado cuentas de correo electrónico personal y aplicaciones de mensajería para enviar documentos clasificados de altamente secretos, que incluían detalles sobre inteligencia de futuros ataques, adversarios extranjeros y relaciones de política exterior.
Los fiscales alegan que estos materiales fueron impresos y almacenados en su hogar en Maryland, y que Bolton los compartió con dos individuos no autorizados –descritos en la acusación como "Individuo 1" e "Individuo 2"–, quienes resultan ser familiares cercanos sin autorización de seguridad, presuntamente su esposa e hija.
Si es condenado, cada cargo conlleva una pena máxima de diez años de prisión, lo que podría sumar hasta 180 años tras las rejas. Se espera que Bolton se entregue a las autoridades el viernes.
Antecedentes de la investigación
Esta acusación surge de una pesquisa iniciada por el DOJ tras la publicación en 2020 de las memorias de Bolton, The Room Where It Happened, que detallaban su experiencia en la Casa Blanca y criticaban duramente a Trump por supuestas decisiones impulsadas por intereses electorales más que por geopolítica sólida.
La Administración Trump demandó entonces para bloquear el libro, alegando que contenía información clasificada no revisada adecuadamente, pero un juez rechazó la solicitud y la obra se lanzó días después.
La investigación se intensificó en agosto de este año, cuando agentes del FBI allanaron la casa y oficina de Bolton en busca de documentos clasificados. En esa línea, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que la pesquisa reveló transmisiones de información "top secret" a través de canales no autorizados y retención en su residencia, violando directamente la ley federal.
En su cuenta de X, Patel, señaló: “Nadie está por encima de la ley, los agentes del FBI se encuentran en una misión”.
NO ONE is above the law… @FBI agents on mission
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025
Bolton niega las irregularidades
Bolton, quien también fue embajador ante la ONU bajo la presidencia de George W. Bush, ha negado cualquier irregularidad. Su abogado, Abbe Lowell, dijo previamente que Bolton manejó los registros de manera adecuada como exfuncionario.
Hasta el momento, no ha emitido comentarios sobre la acusación.
Reacciones sobre la acusación
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, cuando el presidente Donald Trump fue preguntado sobre el caso y la acusación a su exasesor, el mandatario republicano respondió que no sabía nada al respecto, pero dijo que Bolton “es un mal tipo".
'HE'S A BAD GUY': President Trump reacts after former White House National Security Advisor John Bolton was indicted by a federal grand jury pic.twitter.com/5CKm5DI6ve
— Fox News (@FoxNews) October 16, 2025
Ley de espionaje
Su Sección 793, que incluye subsecciones que penalizan tanto la posesión ilícita como la negligencia grave en el manejo de materiales clasificados, aplicándose en tiempos de paz o guerra.
Esta ley es crucial porque salvaguarda información que podría comprometer operaciones militares, fuentes de inteligencia o relaciones exteriores, como documentos sobre adversarios o métodos de recolección de datos. Su amplitud permite al Departamento de Justicia (DOJ) procesar desde espías hasta exfuncionarios que retienen documentos clasificados.
Las penas bajo la Sección 793 incluyen hasta 10 años de prisión por cada cargo, multas discrecionales (potencialmente miles de dólares ajustados por inflación) y decomiso de propiedades derivadas de violaciones.
No hay un mínimo obligatorio de prisión, permitiendo libertad condicional en casos menores, pero múltiples cargos pueden acumular décadas de cárcel.