Un juez federal declara ilegal el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump para deportar presuntos pandilleros

Un juez federal de distrito en Texas dictaminó el jueves que el presidente Donald Trump no puede utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 para deportar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua (TdA) a una prisión en El Salvador. 

El fallo, emitido por el juez Fernando Rodríguez Jr., designado por el propio Trump, representa un revés significativo para las políticas migratorias de la Administración y extiende un bloqueo a las deportaciones bajo esta ley en el sur de Texas.

El juez Rodríguez determinó que la AEA, un estatuto raramente utilizado en la historia de Estados Unidos, solo puede invocarse en casos de una “invasión” o “incursión depredadora” por parte de una “fuerza armada organizada” que ingrese al país. 

En su fallo, Rodríguez rechazó las afirmaciones de la Administración Trump de que la ley podía aplicarse a presuntos pandilleros, argumentando que la proclamación presidencial “excede el alcance del estatuto y, como resultado, es ilegal”.

“La Proclamación no hace referencia ni sugiere en modo alguno que exista la amenaza de que un grupo armado y organizado entre en Estados Unidos bajo la dirección de Venezuela para conquistar el país o tomar el control de una parte de la nación”, escribió Rodríguez. 

También señaló que, aunque la proclamación menciona delitos cometidos por miembros de TdA, no indica que estos actos constituyan un “ataque armado organizado” ni que Venezuela haya amenazado con tal ataque a través de la pandilla.

La AEA, promulgada en 1798, permite la deportación sumaria de migrantes en circunstancias excepcionales, como una invasión extranjera. Históricamente, se invocó durante la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y fue utilizada para justificar el internamiento de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. 

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que ha liderado múltiples demandas contra el uso de la ley por parte de Trump, argumenta que solo es aplicable en tiempos de guerra. Aunque Rodríguez no respaldó completamente esta postura, sí determinó que la interpretación de Trump iba más allá de los límites legales del estatuto.

El fallo surge en el contexto de las amplias medidas migratorias implementadas por la Administración Trump en sus primeros 100 días. Más de 100 hombres, identificados como presuntos pandilleros venezolanos, fueron deportados a una megaprisión en El Salvador. Estas deportaciones han sido objeto de críticas y desafíos legales por parte de organizaciones como la ACLU, que celebró el fallo como una “victoria legal significativa”.

Rodríguez también abordó el argumento de la administración de que los tribunales no tienen la autoridad para revisar la invocación de la AEA por parte del presidente. 

“Permitir que el presidente defina unilateralmente las condiciones en las que puede invocar la AEA y luego declarar sumariamente que dichas condiciones existen eliminaría todas las limitaciones a la autoridad del Poder Ejecutivo bajo la AEA y despojaría a los tribunales de su función tradicional”, escribió el juez.