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Trump allana el camino para destituir a empleados que no respalden su visión de Gobierno

La medida permitiría reclasificar hasta a 50.000 empleados públicos como trabajadores "a voluntad", es decir, sin las protecciones tradicionales del servicio civil.

Donald Trump

Donald TrumpMandel Ngan / AFP

Sabrina Martin
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La Administración Trump avanza con una nueva normativa que podría cambiar drásticamente el funcionamiento de la burocracia federal: una versión renovada del “Schedule F”. La medida permitirá reclasificar hasta 50.000 empleados públicos como trabajadores "a voluntad", es decir, sin las protecciones tradicionales del servicio civil.

Esta iniciativa ahora llamada “Política de Horarios/Carrera”, es impulsada por la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) y busca facilitar la remoción de funcionarios considerados desleales, ineficaces o directamente contrarios a las políticas presidenciales.

"Los burócratas de carrera no electos deben rendir cuentas ante la agenda por la que votan los estadounidenses", señaló un funcionario de la Casa Blanca al defender la nueva clasificación.

Origen, anulación y regreso del Schedule F

La idea no es nueva. Trump ya había creado esta figura administrativa durante su primer mandato. Sin embargo, al llegar a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden revocó inmediatamente esa medida. Ahora, con Trump de nuevo en el poder, el Schedule F regresa con otro nombre, pero con el mismo objetivo: romper con lo que él y sus aliados han llamado “el estado profundo” que, aseguran, saboteó sus políticas desde dentro del propio Gobierno.

Un cambio estructural con implicaciones amplias

Esta nueva normativa forma parte de un esfuerzo mayor liderado por figuras clave del equipo de Trump, como Stephen Miller y Russ Vought, para rediseñar el aparato estatal y reducir su tamaño. En paralelo, continúan los recortes masivos de personal y presupuesto promovidos por el llamado equipo DOGE.

En ese contexto, el regreso del Schedule F no solo reabre un debate sobre la función del Estado y la neutralidad del servicio público, sino que marca una nueva fase en el intento del expresidente de reconfigurar el aparato federal a su imagen y semejanza.

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