Un tribunal restringe temporalmente el acceso de DOGE a sistemas del Seguro Social
La medida ordena la eliminación de datos personales y permite el acceso a información bajo ciertas condiciones.

El líder de DOGE, Elon Musk, en la Casa Blanca
Un tribunal federal emitió una orden temporal para restringir el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a los sistemas de la Administración del Seguro Social (SSA), en el marco de un litigio sobre el manejo de información gubernamental.
Orden judicial y eliminación de datos
La jueza federal Ellen Hollander, de Maryland, ordenó este jueves que el equipo de DOGE deje de acceder a los sistemas de la SSA y elimine cualquier dato personal identificable que haya obtenido. La decisión responde a una solicitud presentada por sindicatos y asociaciones de jubilados, quienes argumentaron que este acceso representaba un riesgo para la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, la orden permite que el personal de DOGE acceda a información redactada o desprovista de datos identificables, siempre que cumplan con capacitación y verificaciones de antecedentes.
Funciones de DOGE y postura del Gobierno
La Administración de Trump ha defendido la labor de DOGE, señalando que su objetivo es identificar fraudes y reducir el desperdicio en el Gobierno federal. Según el Gobierno, el equipo está conformado por 10 empleados federales dentro de la SSA, de los cuales siete solo tienen permisos de lectura en los sistemas de la agencia.
Los abogados del Gobierno argumentaron que este acceso no es inusual, ya que el personal autorizado de la SSA consulta regularmente las bases de datos como parte de sus funciones. Sin embargo, los demandantes sostienen que la participación de DOGE es excepcional y debe ser limitada.

Política
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Luis Francisco Orozco
Investigación y disputas legales
El equipo de DOGE ha enfrentado múltiples litigios en torno a sus operaciones, y varios jueces han evaluado su alcance. Si bien algunas decisiones han puesto en duda sus métodos, no ha habido consenso judicial sobre si sus acciones constituyen un riesgo inminente para la seguridad de la información gubernamental.
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