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Un juez federal le ordena al DOGE publicar todos los registros de sus operaciones

La decisión representa un duro golpe tanto para la agencia como para la Administración Trump, la cual ha venido intentando reducir drásticamente el tamaño del gobierno mediante despidos masivos y el desmantelamiento de numerosas agencias.

Musk adquirió X (entonces Twitter) en octubre del 2022/ Bartosz Siedlik

Musk adquirió X (entonces Twitter) en octubre del 2022/ Bartosz SiedlikAFP

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El juez de distrito de los Estados Unidos, Christopher Cooper, ordenó este lunes que todo el equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el cual fue creado por el presidente Donald Trump y está dirigido por el magnate sudafricano Elon Musk, publique cada uno de los registros relacionados con sus operaciones, al considerar Cooper que estas se han venido llevando a cabo con un “inusual secretismo.”

La decisión representa un duro golpe tanto para la agencia como para la Administración Trump, la cual ha venido intentando no solamente reducir drásticamente el tamaño del gobierno mediante despidos masivos y el desmantelamiento de numerosas agencias en el país, sino también determinar exactamente en qué se ha estado gastando el dinero de los contribuyentes durante los últimos años.

“Un inusual secretismo”

Por otro lado, la orden del juez federal es un auténtico triunfo para la organización de vigilancia gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics (CREW), ya que la decisión de Cooper determina que el DOGE puede ser considerado una agencia estadounidense sujeta a la Ley de Libertad de Información, también conocida como FOIA. Dicha determinación también resulta un golpe tanto para Trump como para la agencia, tomando en cuenta que en los últimos días la Administración republicana había argumentado que el DOGE no podía estar sujeto a la FOIA ya que la agencia forma parte de la Oficina Ejecutiva del Presidente.

El juez federal, quien fue designado por el expresidente Barack Obama durante su Administración, destacó en su orden que el DOGE estaba ejerciendo una “autoridad esencialmente independiente” y considerablemente superior a la de otros componentes, que por lo general están exentos de los requisitos de la FOIA, la cual es una ley que le da total permiso al público para tener acceso a registros gubernamentales que no han sido publicados previamente.

Cooper también explicó que dicho organismo “pareciera tener no solo el poder de evaluar todos los programas federales sino también de eliminarlos o reestructurarlos drásticamente,” siendo este un hecho que, según el juez, el DOGE se negó a refutar. De igual forma, Cooper argumentó que todas las operaciones de la agencia “han estado marcadas hasta ahora por un inusual secretismo,” citando tanto el uso por parte de sus empleados de la aplicación encriptada Signal para comunicarse, como la negativa de dichos empleados a identificarse ante funcionarios de carrera.

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