El juez de distrito que ordenó el regreso de los miembros del Tren de Aragua enfrenta llamados a juicio político

El juez de distrito James Boasberg, quien ordenó el sábado el retorno de los aviones de deportación que trasladaban a presuntos miembros del Tren de Aragua, está enfrentando diversos llamados a juicio político luego de que la Administración Trump apuntara contra su decisión de bloquear temporalmente las deportaciones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Luego de que Boasberg, designado por el presidente Barack Obama, anunciara que evaluará la legalidad de la medida adoptada por la Administración Trump, el representante republicano de Texas, Brandon Gill, anunció rápidamente su intención de presentar artículos de juicio político para destituirlo.

“Esta semana presentaré artículos de juicio político contra el juez activista James Boasberg”, dijo Gill el sábado.

Hoy, el representante Gill volvió a apuntar contra el juez.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el juez activista radical James Boasberg pisotea la Constitución por mero rencor político hacia el presidente”, escribió Gill. “El pueblo estadounidense nos dio un mandato para expulsar a los inmigrantes ilegales criminales de nuestro país, y eso es exactamente lo que pretendemos hacer”.

En una publicación posterior, el magnate Elon Musk, quien funge como asesor de Trump, reaccionó a la propuesta de Gill diciendo: "Necesario".

"Los peores jueces, aquellos que violan repetidamente la ley, al menos deberían ser sometidos a una votación de destitución, independientemente de si esta prospera o no", agregó Musk en otra publicación este lunes.

Además de Musk y Gill, el senador Chuck Grassley, republicano de Iowa y presidente del Comité Judicial del Senado, también cuestionó la orden del juez Boasberg.

"Otro día, otro juez decidiendo unilateralmente la política para todo el país. Esta vez, en beneficio de miembros de pandillas extranjeras", dijo Grassley. "Si la Corte Suprema o el Congreso no lo solucionan, nos dirigimos hacia una crisis constitucional. El Comité Judicial del Senado tomará medidas".

La respuesta de la Casa Blanca a Boasberg

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de la política migratoria del presidente Trump, acudió a los medios para cuestionar severamente la orden de Boasberg y responder a las críticas sobre los vuelos de deportación.

Según Miller, la orden de Boasberg era ilegal y el presidente Trump ejerció su plena autoridad para usar la Ley de Enemigos Extranjeros, ya que estaba expulsando a miembros de una pandilla designada como organización terrorista extranjera.

“El juez emitió su orden ilegal sin recibir información alguna sobre esta organización terrorista ni sobre la diplomacia que se ha llevado a cabo”, declaró Miller a la prensa. “Y mucho menos considerando que intenta regular el movimiento de aeronaves que operan fuera de Estados Unidos”.

“Es sin duda la orden más ilegal que un juez ha emitido en nuestra vida”, continuó el alto asesor de la Casa Blanca. “Un juez de distrito no tiene autoridad para dirigir las operaciones de seguridad nacional del poder ejecutivo. El presidente ha ejercido su autoridad constitucional al máximo”.