La Corte Suprema se alinea con la industria armamentística frente a la demanda mexicana contra los fabricantes

La Corte Suprema de Estados Unidos analizó el martes una demanda presentada por el gobierno mexicano contra fabricantes de armas como Smith & Wesson, alegando que sus productos alimentan la violencia de los cárteles.

El caso pone a prueba la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas (PLCAA), que desde 2005 otorga amplia inmunidad a estas empresas. México argumenta que una excepción en la ley aplica, ya que las compañías habrían violado a sabiendas regulaciones al no impedir que sus armas lleguen a manos criminales.

Preguntas incisivas desde el banquillo

Durante los argumentos orales, jueces de diferentes posturas ideológicas expresaron sus posturas. Por su lado, el magistrado conservador Clarence Thomas preguntó cómo esta demanda se diferencia de las que motivaron la PLCAA, mientras Ketanji Brown Jackson planteó si permitirla implicaría regular la industria desde los tribunales, algo que la ley busca evitar. 

Por su parte, Amy Coney Barrett y Elena Kagan señalaron la falta de señalamiento específico de distribuidores responsables de las ventas ilegales, un punto débil en la argumentación mexicana.

Coney Barrett señaló "No ha demandado a ninguno de los minoristas que fueron la causa más próxima del daño", mientras que Kagan, apuntó también en esa misma dirección al señalar: “Lo que no se tiene son distribuidores en particular, ¿no?” y continuó: “Es bastante... hay muchos distribuidores, y usted sólo está diciendo que algunos de ellos lo hacen. Pero, ¿cuáles son? Quiero decir, ¿a quiénes están ayudando e instigando en esta denuncia?”  

Una cadena causal bajo escrutinio

México sostiene que las empresas son responsables porque distribuidores intermedios realizan ventas ilegales que terminan en su territorio, pero no alega conocimiento directo de transacciones específicas. 

Sin embargo, Noel Francisco, abogado de las empresas de armas, calificó esta conexión como una “cadena causal de ocho pasos” sin precedentes legales. Por su parte, Catherine Stetson, representante de México, defendió que rechazar la demanda reescribiría tanto la PLCAA como las normas de causalidad.

Apoyos divididos y una decisión en el horizonte

El caso ha generado una clara división: la Asociación Nacional del Rifle y 27 fiscales generales republicanos respaldan a las empresas, mientras 16 fiscales demócratas y grupos de control de armas apoyan a México.

Con solo dos empresas restantes en la demanda original de 2021, la resolución de Smith & Wesson Brands v. Estados Unidos Mexicanos, esperada para el verano de 2025, podría sentar un precedente clave sobre la responsabilidad de la industria armamentística en la violencia transfronteriza.