El DOJ investigará a los funcionarios que obstruyan la aplicación de las leyes de inmigración
El fiscal general adjunto interino, Emil Bove, detalló que los cambios son necesarios para hacer frente a las prioridades del presidente en los temas relacionados con la inmigración ilegal.

Agentes de la Patrulla Fronteriza, con un grupo de inmigrantes en California.
El Departamento de Justicia planea que los fiscales federales de todo el país investiguen a los funcionarios estatales o locales que obstruyan la aplicación de las leyes de inmigración bajo el Gobierno del presidente Donald Trump.
La información se conoció por un memorándum publicado por Fox News firmado por el fiscal general adjunto interino, Emil Bove. En el documento se describen cambios provisionales mientras llega la confirmación de Pam Bondi como fiscal general.
En ese sentido, según el documento, Bove detalló que los cambios son necesarios para hacer frente a las prioridades del presidente en los temas relacionados con la inmigración ilegal. Principalmente a las amenazas que representan los carteles de drogas y los grupos criminales como el Tren de Aragua (TdA) y La Mara Salvatrucha (MS-13).
"Son un flagelo para la sociedad que resulta en una frontera inestable e insegura y enormes flujos de inmigración ilegal en violación de la ley estadounidense", señaló Bove.
"Es responsabilidad del Departamento de Justicia defender la Constitución y, en consecuencia, ejecutar legalmente las políticas que el pueblo estadounidense eligió al presidente Trump para implementar. La responsabilidad del Departamento de Justicia, que cada uno de sus empleados asume con orgullo, incluye la aplicación agresiva de las leyes promulgadas por el Congreso, así como la defensa vigorosa de las acciones del presidente en nombre de los Estados Unidos contra impugnaciones legales. El personal del Departamento debe unirse en las oficinas que los contribuyentes han financiado para realizar este trabajo de vital importancia", agregó el documento.
De igual manera, el memorándum detalló que la Cláusula de Supremacía de la Constitución y otras autoridades "requieren que los actores estatales y locales cumplan con las actividades de control de inmigración del Poder Ejecutivo".
Además, Bove indicó que "la ley federal prohíbe a los agentes estatales y locales resistir, obstruir y no cumplir de otro modo con las órdenes y solicitudes legales relacionadas con la inmigración, de conformidad con, por ejemplo, la amplia autoridad del Presidente en virtud del Artículo II con respecto a los asuntos exteriores y la seguridad nacional, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Enemigos Extranjeros".
"Y los componentes litigantes del Departamento de Justicia investigarán los incidentes que involucren cualquier mala conducta de ese tipo para su posible procesamiento, incluso por obstrucción de funciones federales", añadió el el memorándum.
Asimismo, el fiscal general adjunto interino señaló que la División Civil trabajará con el recién creado Grupo de Trabajo de Cumplimiento de la Ley de Ciudades Santuario, dentro de la Oficina del Fiscal General Asociado, para identificar leyes, políticas y actividades estatales y locales que sean incompatibles con las iniciativas de inmigración del Poder Ejecutivo y, cuando corresponda, emprender acciones legales para impugnar las leyes.