La Justicia detiene el plan de Biden de permitir a los inmigrantes ilegales de DACA recibir las prestaciones del Obamacare
Un juez federal falló en contra de una iniciativa que no era legal y que costaría en torno a 300 millones de dólares anuales a las arcas públicas.
La Justicia falló en contra de la Administración Biden respecto a su intención de permitir que los inmigrantes ilegales inscritos en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) recibiesen cuidados médicos en virtud de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible -o lo que comúnmente se conoce como Obamacare-.
El juez de distrito Daniel Traynor resolvió -mediante una medida cautelar- a favor del fiscal general de Kansas, Kris Kobach, que demandó a la Administración Biden por querer aplicar estas medidas sanitarias para el beneficio de los inmigrantes ilegales, aun sabiendo que la ley no se lo permite.
"Esta decisión es una gran victoria para el Estado de Derecho. El Congreso nunca pretendió que los extranjeros ilegales recibieran las prestaciones de Obamacare. De hecho, dos leyes les prohíben recibir tales prestaciones. El Gobierno de Biden intentó saltarse esas leyes. Pero nos defendimos y derrotamos al Departamento de Justicia de Biden", escribió en un comunicado Kobach.
Una demanda a la que se adhirieron los estados de Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Iowa, Florida, Misuri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia.
En mayo, Biden emitió una declaración oficial con la que ampliaba la cobertura sanitaria de los beneficiarios de DACA. Se estima que las prestaciones a este grupo de inmigrantes ilegales costaría a las arcas públicas en torno a 300 millones de dólares anuales.
Esta resolución judicial llega cuando a Biden le queda un mes para salir de la Casa Blanca. La intención del presidente electo, Donald Trump, es la de anular esta norma según asuma su cargo.