La Corte Suprema de Florida falló en favor de Ron DeSantis y confirmó la destitución de la fiscal estatal Monique Worrel. El gobernador republicano la había suspendido en 2023, alegando que sus decisiones, blandas contra el crimen, constituían un "incumplimiento del deber". El máximo tribunal del estado falló 6-1 para mantener la decisión del también excandidato a presidente.

Presentándose como una reformadora progresista, Worrel fue electa en 2020 como fiscal estatal para el Tribunal del Noveno Circuito Judicial del Sunshine State, gracias al apoyo de Kamala Harris y Bernie Sanders. Incluso, de acuerdo con el Orlando Centinel, recibió apoyo financiero de Our Vote Our Voice, una organización que tomó 1 millón de dólares del grupo Democracy Now, respaldado por George Soros.

Sin embargo, a un poco más de dos años en el cargo, DeSantis decidió suspenderla. "Las prácticas y políticas de su oficina han permitido que asesinos, otros delincuentes violentos y peligrosos traficantes de drogas reciban sentencias extremadamente reducidas y escapen a todas las consecuencias de su conducta criminal. En algunos casos, estos delincuentes han eludido el encarcelamiento por completo", expresó el gobernador en su momento.

"Las prácticas de la fiscal Worrel socavan la ley de Florida y ponen en peligro la seguridad y el bienestar de las comunidades para cuyo servicio fue elegida", sumó.

La fiscal demócrata no se quedó de brazos cruzados y presentó una demanda de reintegro, argumentando que la maniobra del gobernador era un "ejercicio arbitrario y sin fundamento del poder de suspensión".

El caso terminó en la Corte Suprema de Florida, cuya decisión se conoció en la tarde del miércoles. Por 6-1, los magistrados fallaron en favor de DeSantis y mantuvieron la suspensión de Worrel.

"No podemos estar de acuerdo con Worrel en que las alegaciones de la orden ejecutiva sean impermisiblemente vagas, ni que se refieran a conductas que caen dentro del ejercicio legal de la discreción fiscal", se lee en la opinión mayoritaria.

"Hemos dicho que una orden de suspensión no vulnera el ejercicio legítimo de la discreción procesal de un fiscal cuando se alega que dicha discreción, de hecho, no se está ejerciendo en casos individuales, sino que, más bien, las políticas generalizadas han dado lugar a prácticas de aplicación categóricas", sumaron los jueces.