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La Justicia tumba también el DACA de la Administración Biden

La sentencia reitera que el programa es ilegal y sólo puede ser aprobado por el Congreso, pero no cierra el programa para los 'Dreamers' que se benefician en la actualidad.

Varios 'Dreamers' recogen comida proporcionada por agentes de la CBP.

(Jaime Rodriguez Sr./CBP)

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El juez federal Andrew S. Hanen falló que la versión de la Administración Biden del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) es igualmente ilegal. La sentencia, que será recurrida por el Ejecutivo, bloquea las nuevas solicitudes, pero mantiene el programa para los beneficiarios actuales mientras dure el proceso de apelaciones, que se espera que llegue al Tribunal Supremo. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresaron su pesar por la decisión y reiteraron su compromiso de "proteger a todos los Dreamers".

Críticas a la Administración Biden por sobrepasarse en sus atribuciones

Hansen, del Tribunal federal del distrito Sur de Texas, reiteró que la política federal de la era Obama es ilegal y debería haber emanado del Congreso, y no únicamente de la Administración Biden. A pesar de que la versión de 2022 "puede haber utilizado una redacción algo diferente en algunos lugares, las partes sustantivas son materialmente las mismas que el Memorando DACA de 2012.", se puede leer en la sentencia. El juez es especialmente duro con la actuación del Departamento de Mayorkas, al que acusa de sobrepasarse en sus atribuciones:

El DHS tiene una visión algo sesgada de su poder para actuar cuando el Congreso no lo ha hecho. Parece sugerir que tiene poder para hacer lo que el Congreso ha rechazado, a pesar de carecer de autoridad legislativa o constitucional.

No obliga a tomar medidas contra los 'Dreamers'

No obstante, el fallo no obliga a tomar medidas inmediatas contra los actuales beneficiarios del DACA, ni ordena su cierre en un periodo de dos años como solicitaban Texas y otros ocho estados que denunciaron el programa reeditado por el Ejecutivo.

Los nueve territorios demandantes señalaban que esta nueva versión del DACA, al igual que su predecesora, aprobada por Barack Obama en 2012, es "sustancialmente ilegal" por las mismas razones. El argumento principal de la demanda es que el presidente Joe Biden, como hiciera Obama en 2012, se extralimitó al renovarla en 2022, pasando por alto al Congreso. También solicitaban el cierre del programa en dos años, alegando los cientos de millones de dólares que deben asumir en asistencia sanitaria y educación para atender a los beneficiarios.

La Administración Biden anuncia que recurrirá y que seguirá aceptando solicitudes

En estos momentos, 578.000 Dreamers están registrados en el programa. DACA les protege de la deportación por periodos renovables de dos años, además de ofrecerles atención médica, educación, permiso de trabajo y la posibilidad de obtener una licencia de conducir.

La Casa Blanca y el secretario de Seguridad Nacional expresaron su "profunda decepción" con el fallo y anunciaron que lo recurrirán. En un comunicado, Jean -Pierre asegura que el DHS "puede seguir aceptando solicitudes de DACA" y anunció que desde la Administración Biden "continuamos pidiendo al Congreso que proporcione protección permanente a los cientos de miles de Dreamers en Estados Unidos".

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