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El Tribunal de Apelaciones bloquea el fallo que prohibía la comunicación entre la Administración Biden y las redes sociales

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans cedió a la solicitud del gobierno sin justificar su decisión.

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. El 25 de abril de 2023, anunnció su candidatura a su reelección para las elecciones presidenciales de 2024.

Joe Biden / Cordon Press.

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Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans accedió a la solicitud de la Administración Biden de suspender la orden que les prohibía a altos funcionarios del gobierno comunicarse con ejecutivos de las compañías de redes sociales.

Este viernes un tribunal federal de apelaciones cedió a la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ) otorgándoles una “suspensión administrativa temporal” del fallo del juez federal de distrito, Terry A. Doughty.

De acuerdo al panel de jueces, la suspensión de la orden permanecerá vigente al menos hasta que el caso sea remitido a otro panel de apelaciones. Sin embargo, no dio más detalles sobre la justificación de la decisión.

El DOJ ya le había solicitado a Doughty que suspendiera su orden bajo el alegato de que era muy amplia y amenazaba con afectar las obligaciones del gobierno de proteger la seguridad nacional. Según algunos funcionarios, la orden judicial podría socavar los esfuerzos de salvaguardar las elecciones de 2024 entre otras funciones.

Sin embargo, el juez de distrito defendió su fallo y rechazó la solicitud del DOJ asegurando que su orden en realidad no era tan amplia, pues lo único que busca evitar es que los demandados hagan cosas que no tienen derecho legal de hacer como “ponerse en contacto con las empresas de redes sociales con el fin de instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera, la eliminación, eliminación, supresión o reducción del contenido que contiene la libertad de expresión protegida publicada en las plataformas de redes sociales”.

Cabe recordar que la orden del juez se produjo luego de que unos fiscales de Missouri y Luisiana introdujeran una demanda acusando al gobierno de haberse extralimitado al presionar a las empresas de redes sociales para censurar a los estadounidenses.

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