Lawfare: por qué la Administración de Biden, y no Trump, será hallada culpable

Ante el más que probable e inminente anuncio del lanzamiento de la candidatura a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 del expresidente Donald Trump, el cual cuenta además con el abierto y mayoritario respaldo de los votantes conservadores, especialmente tras la ejecución de la orden de búsqueda y allanamiento de su residencia en Mar-a-Lago (el 58% declaró apoyarlo, de acuerdo a la última encuesta de Consult/Político), Estados Unidos vive momentos realmente difíciles pero cruciales de cara a su futuro más inmediato, con unas elecciones de medio término que se celebrarán el próximo noviembre y en las que los republicanos podrían recuperar la mayoría. Estos comicios serán –con casi total seguridad– un referéndum a la pésima gestión de la Administración de Joe Biden.

Como muestran los sondeos, ya no son solo una mayoría de votantes republicanos los que añoran la gestión del expresidente Trump como líder indiscutible del mundo libre, sino que un número creciente de independientes se encuentran más motivados que nunca a votar en las elecciones de medio término por un candidato republicano. Unidos por un colosal enfado por la presunta politización del Departamento de Justicia y del FBI respecto a su última actuación, y mientras continúa desarrollándose la súper tendenciosa Comisión del 6 de Enero, que a tantos indigna, lo que parece más claro que nunca es que la Administración Biden-Harris necesita de este tipo de golpes mediáticos y ataques para poder sobrevivir, tras haber logrado hundir en tiempo récord unos EEUU irreconocibles: convirtiendo una recuperación en recesión, una nación de ley y orden en un referente de injusticia e inseguridad... y el último faro de libertad y esperanza mundial en un país que permite y defiende la persecución del disidente y atenta contra la vida y la libertad.

Los argumentos utilizados para ejecutar la orden de búsqueda

Centrándonos en los hechos que ya conocemos sobre la controvertida ejecución de la orden de búsqueda y el allanamiento de la residencia del expresidente Trump, destacan varios argumentos jurídicos y la cuestión fundamental que desenmascara la intención de los demócratas que la defienden. Conocido el documento que la Oficina del Fiscal General de EEUU presentó para investigar al exmandatario, se alega una presunta obstrucción a la justicia, la violación de la Ley de Espionaje y el manejo delictivo de documentos gubernamentales. La orden, que fue aprobada por un juez federal, autorizó a los agentes del FBI a incautar todo tipo de pruebas que pudiera revelar esfuerzos por parte de Trump para retener de manera ilegal documentos que pudieran ayudar a los adversarios de EEUU, o para esconder o destruir documentos del Gobierno estadounidense. Trump, por su parte, negó haber cometido acto indebido alguno y aclaró que colaboró con el FBI durante meses. Con respecto a la acusación de tener documentos clasificados, sus abogados lo negaron y afirmaron que todo estaba bien custodiado.

Lo que se llevó el FBI

Se ha hecho público que entre la documentación requisada hay una veintena de cajas, fotos y documentos con diversas etiquetas, como “alto secreto”, “confidencial”, “Info re: President of France” ("info sobre el presidente de Francia"), y una solicitud de indulto redactada a nombre de Roger Stone, estratega político y amigo cercano de Trump. Los agentes buscaron y encontraron documentos marcados con las siglas SCI, es decir, “información sensible compartimentalizada”, y en el referido listado se hace mención a “documentos secretos varios”. Sobre todos ellos se espera una larga disputa en los tribunales, de cara a su posible admisión a trámite como prueba de un supuesto delito de mal manejo u obstrucción, según su valor real y la confidencialidad o no que el exmandatario les debió dar. Por otra parte, será determinante ver si finalmente el caso avanza y si hubo o no determinadas violaciones de una o varias de las leyes que se describen, de acuerdo también a la legitimidad de las actuaciones del FBI o las implicaciones políticas que conllevaría el enjuiciamiento.

La finalidad de la ejecución de búsqueda con respecto a las elecciones

Como hemos podido saber durante las últimas horas, los hombres del FBI se llevaron no solo documentos que pudiesen estar clasificados, ya sean confidenciales o de alto secreto, sino que, de acuerdo a lo denunciado por el propio exmandatario, se llevaron también sus documentos personales de viaje, tres de sus pasaportes (dos vencidos) y su pasaporte activo de diplomático, ante lo que entendemos que se trataría de un intento por evitar que huyera del país. (El Departamento de Justicia devolvió posteriormente esos pasaportes al expresidente). Esta nueva operación sin precedentes, inquisitiva y extremadamente agresiva, es una prueba más de cuánto están tensando la cuerda los demócratas y su brazo ejecutor, sin tener en cuenta que estas acciones suelen tener no solo una gran repercusión inmediata en la ciudadanía, sino un rechazo absoluto ante el trato discriminatorio que se está dando al presidente número 45. Eso sí, es probable que, cuando los conservadores retomen ambas cámaras del Congreso, puedan estudiar minuciosamente y enjuiciar a todo aquel que no haya cumplido cabalmente con sus deberes éticos o sus funciones e investigar cualquier posible conspiración o persecución política.

Por otro lado, y de acuerdo a la información publicada, esta operación estaría amparada en una posible violación de los artículos 793 (sobre recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa), 1519 (sobre destrucción, alteración y falsificación de documentos con posible obstrucción a la justicia) y/o 2071 (sobre ocultación de documentos) del Código Penal. Según han declarado varios analistas y abogados demócratas, esto demostraría que gracias a la estrategia utilizada contra el exmandatario no solo se le podría enjuiciar sin la necesidad de demostrar que retuvo documentos clasificados, sino que, de ser hallado culpable, no podría postularse como presidente, objetivo último de la persecución.

Sin embargo, y aun asumiendo que, por ejemplo, quisiesen enjuiciar a Donald Trump de acuerdo al artículo 2071, que establece específicamente que cualquier persona que “deliberada e ilegalmente oculte, elimine, mutile, borre, falsifique o destruya” documentos gubernamentales puede ser hallada culpable de un delito penado con hasta tres años de prisión y multas de 2.000 dólares, o que cualquier persona que viole dicha ley perdería su cargo y sería inhabilitada para ocupar cualquier cargo público en EEUU, esto no dejaría a Trump fuera de la carrera presidencial, ya que es únicamente la propia Constitución federal de los EEUU, y en concreto el artículo II, sección 1, cláusula 5, junto a la Enmienda 22, la que establece los requisitos y límites para ser presidente de los EEUU, es decir, haber nacido en EEUU, tener al menos 35 años de edad y haber residido al menos 14 años en la nación. En definitiva, la Constitución está por encima de cualquier otra ley y el Congreso carece de cualquier autoridad para alterar la lista de criterios para ser candidato, por ejemplo, añadiendo el requisito de no haber sido condenado por llevarse de manera ilícita, destruir o no devolver documentos del Gobierno.

En conclusión, lo que sí es cierto es que, a pesar de esta orden de búsqueda para eliminar a Trump, ha sido la actual Administración la única que no ha sido capaz de evitar crisis alguna, sino que las ha provocado desde su llegada a la Casa Blanca. Así, han llevado al país a una crisis de credibilidad internacional con la retirada en Afganistán, a una crisis de seguridad nacional con la incontrolable inmigración ilegal en la frontera sur y a una crisis económica histórica y sin precedentes por el mal manejo de la inflación y el gasto excesivo y sin control. Por todo ello, si es que realmente aplicamos la ley y las obligaciones de la presidencia de EEUU, será Joe Biden el que más temprano que tarde será hallado culpable por la politización de la Justicia y por hundir a esta gran nación en la miseria. El veredicto lo veremos en las próximas elecciones, tanto en las de medio término como en las presidenciales: parece que se avecina una oleada roja.