MMIWG2SLGBTQQIA+: El acrónimo que se volvió el problema

¿En qué momento el wokismo se convirtió en su propia caricatura?. Recientemente, en el Parlamento canadiense, Leah Gazan, diputada del Nuevo Partido Democrático por Winnipeg Centre, decidió pasar a la posteridad del ridículo al denunciar los recortes presupuestarios del gobierno canadiense, asegurando que no había destinado ni un dólar para atender el genocidio de las personas MMIWG2SLGBTQQIA+.

El clip se volvió viral en cuestión de horas. No por el genocidio. Por el acrónimo.

¿Qué diablos significa MMIWG2SLGBTQQIA+? La pregunta tiene respuesta oficial. MMIWG2SLGBTQQIA+ significa: Missing and Murdered Indigenous Women, Girls, and Two‑Spirit —un término empleado por algunas Primeras Naciones para describir a personas que encarnan espíritus tanto masculinos como femeninos—, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex y Asexual.

Dieciséis caracteres. Nueve categorías. Un signo de más para todo lo que todavía no se ha inventado. En redes sociales muchos lo compararon con la contraseña woke del wi-fi. La respuesta de Gazan a las burlas fue acusar a todos de intolerancia, claro. Una jugada poco inteligente si lo que se desea es llamar la atención sobre el problema que se está denunciando. Es el círculo vicioso perfecto: el lenguaje incomprensible aliena al público; la reacción del público es interpretada como hostilidad reaccionaria; esa hostilidad justifica endurecer el lenguaje, agregar otra letra, otro calificativo, otro signo de más. Las versiones gubernamentales oscilan entre MMIWG2SLGBTQQIA+ y variantes como 2SLGBTQQIA+ o FFADA+, según quién redacte el documento. La inestabilidad misma delata su inutilidad.

La ironía más amarga es que la proliferación de categorías identitarias puede funcionar, en la práctica, como un mecanismo de dispersión de responsabilidad. Cuando todo el mundo está incluido en el acrónimo, nadie está en particular en el centro del problema. Las mujeres indígenas asesinadas, el núcleo del debate denunciado por la diputada, quedan diluidas en una letanía de categorías que acredita la sensibilidad inclusiva de quien las enuncia más que el sufrimiento de quien las padece.

El principio que permite a una sociedad tratar la violencia como un problema colectivo resoluble es simple y antiguo: todos los individuos son iguales ante la ley. Una mujer indígena asesinada merece exactamente la misma investigación, el mismo rigor judicial, la misma presunción de que su vida importa, que cualquier otra ciudadana. No más. No menos. Lo mismo.

Ese principio es universalista. No reconoce categorías étnicas, de género ni de orientación sexual como determinantes del valor de una vida o de la obligación del Estado de protegerla. Es, por definición, incompatible con la lógica identitaria que produce acrónimos como MMIWG2SLGBTQQIA+.

Porque esa lógica opera exactamente al revés: no parte del individuo ciudadano con derechos iguales, sino de la creación de grupos victimizados a tutelar, la base de sustentación del wokismo. No busca aplicar la ley de manera uniforme, sino construir jerarquías de opresión que determinan quién merece más atención, más recursos, más visibilidad. El resultado no es justicia universal sino una taxonomía de castas, siempre con signo de más al final.

Si las instituciones canadienses hubieran aplicado, sin excepción y sin discriminación, la ley igual para todos sus ciudadanos durante las últimas décadas, tal vez no habría grupos más expuestos a la violencia. Pero la burocracia siempre tira las culpas afuera, por eso la respuesta no es seguir agregando categorías identitarias en el vocabulario oficial sino aplicar la ley.

Curiosamente, el lenguaje de las instituciones públicas occidentales se va volviendo cada vez más críptico para el ciudadano de a pie. Encierra cierta perversión esa terminología pretenciosa e impronunciable. Casi todos los intentos de imponer el famoso “lenguaje inclusivo” tropezaron con la misma piedra. No sólo eran imposibles de decir, sino que su lógica era tan ridícula como encriptada. Hay mucho de “virtue signaling” en la cruzada de la izquierda por agregar letras al acrónimo, cierto tufillo a superioridad moral que se vio en las formas en las que se cambiaban palabras como mujer por portantes de úteros, y tantos otros ejemplos.

Afortunadamente su propio autoritarismo los deja expuestos en el mayor ridículo. Pero lo que no funciona en la calle o en la vida cotidiana sigue palpitando en las instituciones. Todo el lenguaje woke funciona como una trampa retórica perfecta: su complejidad funciona como barrera de entrada que separa a los iniciados de los que aún no están “despiertos”.

La diputada canadiense apeló a otro de los dogmas woke por excelencia, la interseccionalidad. Esa superposición de categorías oprimidas que otorga status en la pirámide de la opresión. Y es que el acrónimo fusiona la teoría de género y vocabulario decolonial para producir engendros como MMIWG2SLGBTQQIA+ . La idea central es que el colonialismo europeo no sólo despojó a los pueblos indígenas de tierras y recursos, sino que impuso sobre ellos categorías binarias de género ajenas a sus cosmogonías. Por tanto, la descolonización exige también descolonizar el género. De ahí el "2S" —Two-Spirit— que se incrusta al comienzo del acrónimo, fusionando la causa indígena con la agenda LGBTQ+ bajo una misma sombrilla de opresión interseccional.

El razonamiento que seduce tanto a la izquierda, cuando se aplica a políticas públicas reales produce documentos gubernamentales que parecen el glosario de un juego de rol. Pero peor aún, parte de una premisa que es filosóficamente opuesta a la emancipación y a la libertad individual, al sostener que las personas indígenas, las mujeres, los homosexuales, los transgénero, los bisexuales, los intersex, los asexuales y todo lo que quepa después del signo “+” son, en primer y último término, miembros de categorías victimizadas que requieren tutela diferenciada.

Todo lo contrario a la dignidad humana que descansa sobre la premisa de que cada individuo es un agente autónomo capaz de ejercer sus derechos, defender sus intereses y vivir su vida sin necesitar que el Estado lo clasifique, lo etiquete y lo administre en función de su grupo de pertenencia. El proyecto identitario, con toda su retórica de inclusión y reconocimiento, hace exactamente lo opuesto: convierte a personas que hoy gozan de iguales derechos ante la ley en víctimas permanentes que necesitan ser nombradas por sus opresores, tuteladas por sus aliados y representadas por una clase de expertos en victimología que hablan en su nombre, sin que nadie los haya elegido para eso.

El paternalismo de la compasión progresista, que es quizás el más difícil de combatir porque viene disfrazado de sensibilidad, por eso la ridícula diputada puede llamar a quienes se ríen de sus impronunciables soflamas: “intolerantes” o “fóbicos”.

Existe una diferencia fundamental entre decir "esta mujer fue asesinada y el Estado no cumplió su obligación de protegerla como ciudadana igual ante la ley" y decir "esta mujer fue asesinada porque pertenece a una categoría de víctimas estructurales cuya opresión interseccional requiere un plan de acción nacional con perspectiva decolonial y de género". La primera formulación exige rendición de cuentas. La segunda exige burocracia. La primera trata a la víctima como un individuo con derechos vulnerados. La segunda la convierte en un símbolo de una narrativa colectiva administrada por otros.

La primera es compatible con la igualdad ante la ley. La segunda la reemplaza con una jerarquía de vulnerabilidades que nunca termina de completarse —de ahí el signo de más, ese pequeño símbolo honesto que admite que la lista nunca estará cerrada, que siempre habrá otra categoría que incluir, otra letra que agregar, otra víctima que incorporar al acrónimo sin que eso cambie absolutamente nada en su vida real. Si el progresismo valorara a las personas que dicen defender, las trataría como ciudadanos con derechos iguales y exigibles, no como víctimas con identidades administrables.

El acrónimo seguirá creciendo, al menos en Canadá, país que parece empecinado en ser santuario de una ideología que ha demostrado ya su peligrosidad y decadencia. Año tras año, se agregarán letras para garantizar que los recursos estatales sigan fluyendo, que el sistema judicial se siga degradando y que la burocracia identitaria triunfe sobre la racionalidad de las políticas públicas.