Trump estaba en lo correcto sobre Petro. Cada vez más pruebas lo vinculan con dineros del narcotráfico

El presidente Donald Trump ha dicho que Gustavo Petro es “un líder del narcotráfico” y que favorece la “producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”. Cada vez salen a la luz más pruebas de que el presidente, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado están en lo correcto en su evaluación y acciones contra el mandatario colombiano.

Esta semana un medio colombiano publicó una explosiva investigación que probaría que las FARC, el principal grupo narcoterrorista en Colombia, habría infiltrado el Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Fiscalía a los más altos niveles. Además, la investigación arroja nuevas pruebas de que la campaña presidencial de Petro habría recibido dinero de las FARC.

Tal nivel de infiltración del narcotráfico y el terrorismo en el Gobierno colombiano ya pone sobre la mesa la posibilidad de que Colombia sea un narcoestado. La situación es extremadamente peligrosa para la oposición, en tanto que significa que altos miembros del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) utilizan el poder del Estado para beneficiar a las FARC, entre otras cosas, autorizando permisos para que miembros de la narcoguerrilla se movilicen con armas de manera legal. Desplegando así todo un abanico de posibilidades para controlar, amenazar y atentar contra la vida de los opositores al Gobierno colombiano.

Qué decir del riesgo que implica que la Fiscalía tenía información sobre la presunta cooperación entre altos mandos del Ejército y las FARC, y no actuó. Resulta imposible que la oposición tenga garantías cuando esa entidad, en lugar de abrir una investigación, parece desentenderse de estas denuncias y proteger los supuestos manejos irregulares del presidente y de las FARC. Esta grave situación crea un clima de impunidad y protección a los narcoguerrilleros para que actúen en contra de la oposición.

El asunto también es de interés para Estados Unidos, y constituye una prueba más de que la decisión de incluir a Gustavo Petro —y su familia— en la lista de sancionados de Office of Foreign Assets Control (OFAC) fue correcta. La Administración Trump ha puesto como una de sus prioridades frenar la entrada de drogas a Estados Unidos y Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. El Departamento del Tesoro aseguró que durante el mandato de Petro “la producción de cocaína en Colombia ha explotado a niveles récord”.

El Departamento del Tesoro también ha dicho que el mandatario colombiano permitió que cárteles narcotraficantes prosperaran, al tiempo que “no detuvo esa actividad”. Estas afirmaciones del Gobierno Americano eran fácilmente comprobables al observar el aumento de los cultivos de cocaína y las políticas de Petro. Pero la nueva información además plantea un reto mucho mayor, un Gobierno colombiano que no solo permite el narcotráfico sino que además está infiltrado a sus más altos niveles por los narcotraficantes, que incluso utilizarían los recursos del Estado para adelantar su agenda delincuencial.

Las pruebas

Según la investigación de Noticias Caracol, basada en documentos, chats y correos, el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, habrían colaborado con los frentes de las FARC liderados por alias Calarcá. La cooperación no solo se limita a la filtración de información sino incluso al uso de recursos oficiales para facilitar operaciones de las FARC.

El general Huertas había sido retirado del Ejército en 2022, posteriormente se unió a la campaña de Petro, quien al convertirse en presidente lo reintegró al Ejército como jefe del Comando de Personal. El general Huertas habría tenido reuniones en Bogotá con varios miembros de las FARC e incluso habría planeado la creación de una empresa fachada, a la que él le obtendría permisos, para movilizar personal y armas de las FARC.

Otro de los hallazgos más importantes de la investigación, es la presunta financiación de las FARC a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según varios chats, el dinero habría llegado a través de la vicepresidente Francia Márquez. Algunos analistas han sugerido que el poder de las FARC en el actual Gobierno es tan grande que su representación en la Administración es directamente la vicepresidente.

En los mensajes internos se lee a otro líder narcoterrorista, Iván Mordisco, decir que existen “pruebas” de que la campaña presidencial 2022 fue financiada con recursos de las FARC. En la transcripción publicada se lee lo siguiente: “Todo se hizo a través de Francia Márquez”.

Según las investigaciones, la Fiscalía tuvo acceso a estos archivos incautados a las disidencias, incluida la información de los vínculos entre altos mandos del Estado y las FARC y la financiación a la campaña presidencial, pero aun así no abrió ninguna indagación formal.

El poder de las FARC

Lastimosamente, ya no queda nada de aquella Colombia que logró, con la ayuda de Estados Unidos, vencer casi por completo el narcotráfico. Desde hace años, tras la firma del "acuerdo de paz", bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos, las FARC lograron un poder que ni siquiera Pablo Escobar llegó a tener en Colombia. Dicho acuerdo entregó a los miembros del grupo narcoterrorista 10 escaños en el Congreso. 

Las FARC no disimuló a la hora de nombrar senadores y representantes, varios de sus más sanguinarios cabecillas ocupan hoy sillas en el Congreso. Es el caso de Carlos Antonio Lozada, a quien personalmente tuve que enfrentar cuando inició una persecución legal en mi contra tras publicar un artículo en el cual relato los testimonios de víctimas de las FARC que lo acusan de haber violado niños en los campamentos de las FARC. Ese es el tipo de cabecillas de las FARC que hoy son legisladores, violadores de niños que hoy hacen las leyes en el Congreso de Colombia y que tienen el poder y la infiltración a nivel judicial para atemorizar a la prensa y enviar amenazas a través de sus hombres a cualquiera que les moleste. Asesinos como Lozada incluso han logrado estar libres y no pagar un solo día de cárcel después de todos los crímenes que cometieron.

El brazo armado de las FARC, que algunos por miedo y otros por cooperación, llaman "disidencias" de las FARC, manejan gran parte de la producción de cocaína de Colombia, al tiempo que cometen actos terroristas, cada vez en mayor proporción, para mover su agenda política en el país. Recientemente el asesinato del precandidato presidencial de la derecha, Miguel Uribe, conmovió al mundo entero. La Fiscalía afirmó que la evidencia recolectada señala a la "Segunda Marquetalia", uno de los grupos de las FARC, como la estructura criminal tras el magnicidio.

Esta semana el país ha conocido, gracias a la investigación de Caracol Noticias, el nivel de infiltración de las FARC en las más importantes instituciones. No solo actúan como grupo armado narcotraficante que comete crímenes y atentados terroristas, sino que probablemente tienen cuota en la presidencia, importante presencia en el Ejército, en la Inteligencia, en la Fiscalía y además están en el Congreso. 

Estados Unidos tiene un interés propio al intentar frenar el narcotráfico y salvar a millones de americanos, pero además su acción en la región es invaluable y salva vidas también en Latinoamérica. Si no hubiera sido por el Plan Colombia y la colaboración con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Colombia hace años habría caído por completo en el control total de las narcoguerrillas. Hoy, de nuevo, la ayuda de Estados Unidos es fundamental. El presidente Trump y su Administración no se equivocan al tratar con dureza a Gustavo Petro, millones de Colombianos lo agradecen.