La Administración Trump sanciona a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional

El Departamento de Estado estadounidense anunció el jueves que impuso sanciones a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional, lo que supone la primera vez que Estados Unidos utiliza esa herramienta punitiva contra magistrados del tribunal independiente con sede en La Haya.

El departamento declaró que los jueces Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú, Solomy Balungi Bossa, de Uganda, Reine Alapini-Gansou, de Benín, y Beti Hohler, de Eslovenia, serían sancionados por su papel en la investigación de Israel y Estados Unidos.

"Como jueces de la CPI, estas cuatro personas han participado activamente en las acciones ilegítimas e infundadas de la CPI dirigidas contra Estados Unidos o nuestro estrecho aliado, Israel", declaró Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. "La CPI está politizada y reivindica falsamente una discrecionalidad sin límites para investigar, acusar y procesar a nacionales de Estados Unidos y de nuestros aliados".

"Esta peligrosa afirmación y abuso de poder infringe la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel", declaró Rubio. "Estados Unidos tomará las medidas que considere necesarias para proteger nuestra soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado de Estados Unidos de las acciones ilegítimas de la CPI".

Según el Departamento de Estado, Bossa e Ibáñez Carranza resolvieron autorizar la investigación de la CPI sobre la conducta del personal estadounidense en Afganistán, mientras que Alapini-Gansou y Hohler resolvieron autorizar las órdenes de detención de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Yoav Gallant, entonces ministro de Defensa.

La CPI dijo a JNS que "deplora" las sanciones y respalda plenamente a su personal.

"Estas medidas son un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo el mandato de 125 Estados partes de todos los rincones del planeta", declaró el tribunal. "Tomar como objetivo a quienes trabajan por la rendición de cuentas no ayuda en nada a los civiles atrapados en el conflicto. Sólo envalentona a quienes creen que pueden actuar con impunidad".

En febrero, el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo sanciones a cualquier funcionario de la CPI que intente investigar, arrestar, detener o procesar a EE.La Casa Blanca ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que se abstenga de investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos estadounidenses o de cualquier aliado de Estados Unidos que no haya aceptado la jurisdicción de la CPI o no haya firmado el Estatuto de Roma de la Corte, incluido Israel.

La Casa Blanca named .Karim Khan, fiscal del tribunal y de nacionalidad británica, como el primer objetivo de esas sanciones por su papel en la investigación de Netanyahu, Gallant y la presunta comisión por Israel de "crímenes de guerra" en Gaza.

Khan tomó una excedencia indefinida en mayo en medio de una investigación sobre si cometió una conducta sexual inapropiada.

The Wall Street Journal informó el mes pasado de que Khan pidió a su acusadora que retirara los cargos contra él, para poder emitir una orden de detención contra Netanyahu. El momento en que se emitió la orden hizo sospechar que la decisión de Khan estaba calculada para desviar la atención del escándalo sexual, que había salido a la luz internamente unas semanas antes.

Las sanciones contra Khan habían supuestamente detenido la investigación de Israel, con Khan perdiendo el acceso a sus cuentas bancarias en el Reino Unido y a su correo electrónico de trabajo.

Trump ya había impuesto sanciones a funcionarios de la CPI durante su primera administración, y la administración Biden impuso sanciones en diciembre a un juez rusopor supuestas violaciones de los derechos humanos. La medida del jueves marca la primera vez que Washington sanciona a jueces de la CPI.

"No tomamos esta medida a la ligera,", declaró Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. "Refleja la gravedad de la amenaza a la que nos enfrentamos por la politización y el abuso de poder de la CPI".

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