México mantiene la presión diplomática y jurídica sobre Washington para esclarecer la muerte de 17 migrantes en custodia u operativos de ICE
El canciller mexicano Roberto Velasco declaró el miércoles que, de las 20 denuncias presentadas el 13 de julio, ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscales de distrito, Estados Unidos solo ha dado respuesta de fondo a cuatro.
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El Gobierno mexicano ha presentado 20 denuncias ante fiscalías estatales y de distrito de Estados Unidos por la muerte de 17 inmigrantes mexicanos bajo presunta custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las muertes se registraron en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. Según el recuento de México, 14 ocurrieron bajo custodia de ICE y tres durante operativos.
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Denuncias ante las fiscalías y el DOJ
El canciller mexicano Roberto Velasco reconoció el miércoles que, de las 20 denuncias presentadas el 13 de julio, ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscales de distrito, Estados Unidos solo ha dado respuesta de fondo a cuatro.
Ocho despachos acusaron recibo: los fiscales generales de Illinois, Texas, Florida y California, y los de distrito de Atlanta, Chicago, Oxnard y San Bernardino. Eso no implica que hayan abierto causa.
Velasco dijo que la Embajada mexicana y la red consular buscarán directamente a las fiscalías que todavía no han dado respuesta a las denuncias.
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La respuesta más concreta llegó de Florida: el fiscal estatal coincidió con la investigación de las autoridades migratorias de que un caso fue un suicidio y no habrá otra pesquisa. Las fiscalías de Ventura, California; Cook, Illinois, y Harris, Texas, dijeron que valorarán qué hacer.
La Fiscalía General mexicana ha elevado el expediente al Departamento de Justicia (DOJ) y pidió investigaciones formales. Washington no ha anunciado aún el curso de esa solicitud.
México lleva el caso a la ONU
México ha reiterado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE su preocupación por las condiciones en los centros de detención. A principios de julio escribió al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien dijo conocer el asunto, lo trasladó al Consejo de Derechos Humanos y pidió a Washington investigaciones rápidas.
Por otra parte, Velasco informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destinó más de $24.700 a repatriar los restos de siete fallecidos. En Adelanto, California, el consulado mexicano da seguimiento a litigios civiles sobre atención médica y responsabilidad de las autoridades migratorias relacionados con el centro de detención.
Velasco insistió en que las denuncias no buscan un choque con Washington, sino cumplir el deber de México de defender a sus nacionales.
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La Cancillería mexicana rechazó esta práctica: "El Gobierno de México acepta el retorno de todos sus nacionales. Por lo tanto, rechaza la deportación de ciudadanos mexicanos a terceros países y no tiene ningún acuerdo de este tipo en vigor". Un portavoz del DHS respondió que la Administración "está utilizando todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia, tal y como prometió el presidente Trump".
CBS precisó que las deportaciones a terceros países no se habían anunciado formalmente y que, según un funcionario, ya suman cientos. El investigador Adam Isacson, de WOLA, las calificó de "casi totalmente punitivas".
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