Stephen Miller, el arquitecto migratorio de la Casa Blanca, lidera un recorte de visas que alcanza casi todas las categorías

La Casa Blanca avanza en una revisión que toca, en todos los niveles, prácticamente cada vía de inmigración legal hacia Estados Unidos. Visas de diversidad, refugiados, reunificación familiar y patrocinios laborales quedan comprendidos en un mismo esquema regulatorio que es impulsado, en gran medida, por el subjefe de Gabinete Stephen Miller, el arquitecto migratorio de la Administración Trump.

Según un análisis publicado por Forbes con base en cifras de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense (NFAP) de enero de 2026, se proyecta que las políticas de la Administración Trump reducirán la inmigración legal a Estados Unidos entre un 33% y un 50% —entre 1,5 y 2,4 millones de personas— hacia el final del mandato de cuatro años del presidente.

Miller ocupa este cargo desde el inicio del segundo mandato de Trump, tras haber sido asesor de políticas de la Casa Blanca durante el primer gobierno, donde ya había impulsado medidas como el veto migratorio a varios países de mayoría musulmana. A diferencia de esa etapa, marcada por batallas legales que demoraron meses en resolverse, el actual plan avanza principalmente por la vía administrativa a través de congelamientos de trámites, nuevas normas regulatorias y directrices internas que no requieren aprobación del Congreso.

El alcance, no obstante, varía según la categoría. Un primer bloque de medidas ya funciona como un cierre casi total. Es el caso de la Visa de Diversidad categoría —que la Administración había buscado eliminar por vía legislativa durante el primer mandato de Trump y que ahora quedó frenada sin pasar por el Congreso—, en el que cerca de 55.000 casos permanecen sin tramitarse, y quienes no reciban su visa antes del 30 de septiembre de 2026 perderán todo derecho derivado de su selección, según el cronograma fijado por el Departamento de Estado. La entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había justificado la suspensión citando el antecedente de un tirador que obtuvo la residencia permanente mediante esa lotería años atrás.

El programa de refugiados quedó igualmente reducido a su mínima expresión. Washington bajó los cupos anuales muy por debajo del techo de 125.000 heredado de la Administración Biden y restringió las admisiones casi por completo con excepción de las personas blancas provenientes de Sudáfrica. La NFAP calcula que ese recorte le restará al país cerca de 470.000 admisiones legales proyectadas en cuatro años, una cifra que preocupa a los analistas económicos que consideran que el mercado laboral se verá afectado.

Según otro estudio de la propia NFAP, el conjunto de las políticas migratorias de la Administración Trump podría costarle a la economía estadounidense hasta 102 millones de años-trabajador hacia 2035, y reducir la producción acumulada de bienes y servicios del país en $12,1 billones para ese mismo año.

Un segundo grupo de medidas opera por país de origen, con un alcance importante, pero que no llega a una prohibición total. Una proclama del 16 de diciembre bloquea, en distintos grados, el ingreso con visas de inmigrante o temporales a nacionales de 39 países, entre ellos Nigeria, Zimbabue, Venezuela, Afganistán y Haití. Un mes después, ya en 2026, el Departamento de Estado sumó la pausa en el trámite de visas de inmigrante para otros 75 países, bajo el argumento de que sus ciudadanos recurren a la asistencia social "a tasas inaceptables". Entre ambas listas, que se superponen parcialmente, quedan comprendidos 93 países, cuyos nacionales representaron 481.460 residencias permanentes otorgadas en 2023, más de 200.000 de ellas bajo la figura de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses.

Un tercer grupo de medidas no bloquea el acceso de forma directa, pero da a los funcionarios más poder para negar solicitudes caso por caso. La nueva norma de "carga pública", publicada en julio, les permite rechazar una residencia permanente si consideran que el solicitante podría depender en el futuro de beneficios estatales, aunque en la práctica los inmigrantes patrocinados por familiares no suelen acceder a esos beneficios durante sus primeros años en el país. A esto se suman dos normas aún en fase de propuesta: una busca subir el salario mínimo exigido para las visas H-1B, y otra apunta a hacer más exigente el trámite de certificación laboral que deben completar los empleadores.

El frente judicial también está activo. Tres demandas colectivas impulsadas por el bufete Red Eagle Law cuestionan distintos componentes del plan en tribunales de California, con audiencias fijadas para el 27 de agosto y el 21 de septiembre. En junio, un juez federal ya había anulado la política de USCIS de retener y negarse a resolver solicitudes de numerosos países y categorías, incluido el asilo, en el caso Dorcas International Institute of Rhode Island v. USCIS, fallo que el Gobierno apeló en julio.

Ninguno de esos procesos judiciales, sin embargo, ha frenado hasta ahora el calendario que Miller y el resto del equipo migratorio de la Casa Blanca fijaron para el resto del año. Entre el plazo del 30 de septiembre para la Visa de Diversidad y las audiencias de agosto y septiembre, el próximo mes y medio será clave para determinar cuánto de este plan queda firme y cuánto termina frenado en los tribunales.