Venezuela: tras eliminar al "Niño Guerrero", EEUU profundiza su apoyo militar al régimen de Delcy Rodríguez para limpiar de mafias el oro del sur del Orinoco

Tras bajar a uno de los criminales más peligrosos de Venezuela al sur del Orinoco, en el estado Bolívar, Estados Unidos dio un paso más allá y empezó a respaldar con fuego militar, tecnología e inteligencia al régimen interino de Venezuela, que tiene la misión —por la tutela de Washington— de expulsar a los grupos armados que dominan la franja aurífera del sur del país y dejar el terreno libre para la inversión estadounidense.

De acuerdo con un reporte del Wall Street Journal, que citó a funcionarios estadounidenses no identificados, Washington estaría entregando inteligencia, tecnología y soporte militar a un régimen que hasta hace poco era adversario, mientras las autoridades interinas en Caracas intentan recuperar el control de un cinturón minero que durante años quedó en manos del crimen organizado. Esos funcionarios sostuvieron que el esfuerzo conjunto continuaría —e incluiría intercambio de inteligencia de la CIA— y que marcaría el inicio de una ofensiva más amplia, aunque no precisaron su alcance.

El primer episodio de esa coordinación fue la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", cabecilla del Tren de Aragua, en un ataque que el presidente Donald Trump anunció el 12 de junio. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la operación se ejecutó por "invitación" del régimen venezolano y la presentó como el arranque de una campaña sostenida. "Pudimos identificar dónde estaba y matarlo, igual que mataríamos a al Qaeda o a ISIS", dijo.

La apuesta tiene un trasfondo económico. El oro del sur del Orinoco —repartido entre Bolívar, Amazonas y una porción de Delta Amacuro— concentra algunas de las reservas más codiciadas de la región, pero su extracción la gobiernan de facto el propio Tren de Aragua, el Tren de Guayana y otros grupos criminales como la guerrilla colombiana del ELN o sindicatos mafiosos en el estado Bolívar, justamente donde se eliminó a Guerrero. En marzo, según el WSJ, la líder del régimen interino, Delcy Rodríguez, habría dado garantías privadas a altos funcionarios de Trump y a ejecutivos mineros de que protegería a las empresas extranjeras dispuestas a entrar. A ese guiño le siguieron una ley minera aprobada en abril, licencias del Tesoro que levantaron las sanciones al oro venezolano y visitas técnicas de inversionistas estadounidenses a El Callao y a la mina Las Cristinas a comienzos de junio.

En El Callao, principal centro de procesamiento de oro del estado Bolívar, el concejal Omar John celebró la irrupción del componente estadounidense. Sostuvo que ver al Ejército de EEUU empleando "tecnologías de punta para identificar a personas concretas" debería "encender las alarmas" de cualquiera que ande en malos pasos. Aun así, pidió que los inversionistas que lleguen no se limiten a extraer: "Esperamos que miren también el lado social", dijo al WSJ, en alusión a las carencias de infraestructura, escuelas y salud de la zona.

La duda de fondo es la misma que la operación dejó abierta desde su inicio: si el despliegue apunta a desmantelar de raíz las estructuras criminales o solo a despejar las áreas con concesiones para los inversionistas, mientras las bandas se repliegan a otros enclaves. El investigador Bram Ebus, del International Crisis Group, advirtió que Washington se apoya en un estamento militar venezolano que se ha lucrado del descontrol en el sur del Orinoco. "En lugar de detener la extracción, las fuerzas militares venezolanas llevan mucho tiempo cobrando pagos en oro a las bandas que controlan las minas, incluidas guerrillas colombianas, sindicatos criminales brasileños y bandas venezolanas", escribió en el sitio de su organización.

Sobre el terreno, la limpieza tampoco se ha notado en buena parte de la región. El periodista venezolano Fritz Sánchez advierte que el combustible sigue llegando sin pausa para alimentar la minería ilegal en el sector Wonken–Unotöy, en la Gran Sabana, y que la devastación avanza en torno al río Karuay, en territorio indígena pemón, una zona distinta de los enclaves de Sifontes y El Callao donde se concentró el operativo. Para Sánchez, la muerte del "Niño Guerrero" no toca el problema mayor: el capo es apenas "un eslabón al fin de una larga cadena" que sigue arrasando el sur del país.

La organización de monitoreo SOS Orinoco enmarca esa devastación como una política deliberada y no como un simple vacío de poder. Según su recuento, el Arco Minero del Orinoco —creado por decreto en 2016— abrió la puerta a un extractivismo caótico después de que el chavismo desmantelara proyectos formales: la concesión revocada a Gold Reserve derivó en un laudo de 769 millones de dólares ante el Ciadi y la expropiación de Crystallex, en una condena de 1.202 millones. Con la estatal Minerven absorbida y operando al mínimo, las minas quedaron en manos de bandas catalogadas como terroristas, que imponen su ley mediante masacres y "vacunas". El colapso de la mina Bulla Loca en 2024, con 16 muertos y 36 heridos, ilustró para esa organización el caos resultante.

Por ahora, ni el régimen ni la Fuerza Armada han detallado públicamente hasta dónde llegará la ofensiva ni si contempla estándares ambientales, laborales y sociales mínimos para la industria que Caracas y Washington quieren levantar. Por ello, la duda sigue siendo si la campaña respaldada por EEUU barrerá con el crimen en toda la franja aurífera o se detendrá en el perímetro de las concesiones.