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Cuba: detenciones arbitrarias, tortura y casi 1.200 presos políticos al cierre de 2025

Prisoners Defenders subraya el grave impacto humano de estas cifras. Entre los presos políticos identificados hay 128 mujeres y 32 personas que fueron detenidas siendo menores de edad.

Protesta en Miami contra el régimen cubano (Archivo)

Protesta en Miami contra el régimen cubano (Archivo)AFP

Diane Hernández
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La represión política en Cuba no solo se mantuvo durante 2025, sino que se intensificó, según el informe anual publicado este jueves por la organización internacional Prisoners Defenders, que documenta 1.197 presos políticos y de conciencia al cierre del año, tras la incorporación de 134 nuevos detenidos por motivos políticos en los últimos doce meses.

"El uso de la privación de libertad sigue siendo una herramienta central del Estado cubano para silenciar a la ciudadanía y reprimir el ejercicio de derechos fundamentales", señala el texto, fechado el 15 de enero de 2026. Solo en diciembre, la ONG registró 10 nuevas detenciones políticas, mientras que cinco personas salieron de la lista tras cumplir íntegramente sus condenas, lo que elevó el total neto a 1.197 presos políticos documentados.

Prisoners Defenders subraya el grave impacto humano de estas cifras. Entre los presos políticos identificados hay 128 mujeres y 32 personas que fueron detenidas siendo menores de edad. Además, la organización ha verificado 464 casos de presos con patologías médicas graves y 42 con trastornos severos de salud mental, todos ellos sin acceso a tratamiento médico adecuado.

"Estas dolencias no son accidentales: han sido causadas o agravadas deliberadamente por la mala alimentación, los maltratos y la negación sistemática de atención médica dentro del sistema penitenciario", denunció Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, durante la presentación del informe.

El documento sostiene que los casos registrados no responden a excesos aislados, sino a un sistema estructural de persecución, caracterizado por detenciones sin tutela judicial, ausencia de debido proceso y uso recurrente de figuras penales vagas, como el delito de "propaganda contra el orden constitucional", utilizado para criminalizar la protesta pacífica.

Datos más relevantes del informe de 2025

Entre los datos más relevantes, el informe destaca que 219 manifestantes han sido condenados por "sedición", con penas que promedian los 10 años de prisión. De ellos, 16 fueron detenidos cuando aún eran menores, en lo que la organización califica como una violación grave y sistemática de los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano en materia de protección de la infancia.

​Prisoners Defenders también cuestiona el discurso oficial sobre las supuestas "liberaciones" anunciadas por el Gobierno cubano. Según la ONG, se trata en realidad de excarcelaciones condicionadas, con condenas vigentes, control policial permanente y amenazas constantes. "No son liberaciones. Las personas siguen bajo persecución y con causas abiertas", advierte el documento.

Exportación del modelo represivo cubano

El reporte amplía además su análisis fuera de la isla y alerta sobre la exportación del modelo represivo cubano, particularmente a Venezuela. La organización documenta la muerte de más de 60 militares cubanos integrados en el anillo de seguridad del exdictador Nicolás Maduro, lo que, según sus investigaciones, confirma la presencia masiva de fuerzas represivas cubanas en territorio venezolano.

Asimismo, Prisoners Defenders asegura haber identificado en Venezuela los mismos patrones de tortura documentados en las cárceles cubanas, incluyendo agresiones físicas, privación del sueño, posturas forzadas, tortura sexual, aislamiento prolongado y negación deliberada de atención médica. "La metodología es idéntica", sostiene el informe, que atribuye estas prácticas a un modelo represivo transferido desde La Habana.

Llamado directo a la comunidad internacional: "Las víctimas necesitan protección"

El informe concluye con un llamado directo a la comunidad internacional. "Basta de normalizar lo inaceptable", reclamó Larrondo, instando a gobiernos democráticos, a la Unión Europea y a organismos internacionales a adoptar medidas urgentes, verificables y efectivas. "Las víctimas necesitan protección, visibilidad y justicia", subrayó.

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