El régimen cubano detiene a diez panameños por presunta "propaganda subversiva"
El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) aseguró en un comunicado difundido por la televisión estatal que los detenidos ingresaron al país "con el propósito de confeccionar letreros con contenidos de carácter subversivo contrarios al orden constitucional".
Agentes del régimen cubano por las calles de La Habana (Archivo)
El régimen cubano informó este lunes la detención de diez ciudadanos panameños acusados de realizar actos de "propaganda contra el orden constitucional", en un episodio que ocurre en un contexto de creciente tensión política y de seguridad en la isla.
El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) aseguró en un comunicado difundido por la televisión estatal que los detenidos ingresaron al país "con el propósito de confeccionar letreros con contenidos de carácter subversivo contrarios al orden constitucional".
Según la versión oficial de la dictadura de Cuba, los implicados reconocieron los hechos ocurridos en La Habana durante la madrugada del sábado y habrían acordado recibir entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno tras regresar a Panamá.
Contexto de tensión y operativo previo
Las detenciones se produjeron apenas tres días después de que guardacostas cubanos atacaran una lancha procedente de Florida con diez personas a bordo, a quienes las autoridades de la isla acusaron de intentar infiltrarse en el país con fines terroristas. En el episodio murieron cuatro de los tripulantes de la embarcación y el resto resultaron heridos y continúan detenidos.
La Habana ha vinculado ambos casos al endurecimiento de su discurso frente a lo que califica como acciones desestabilizadoras promovidas desde el exterior, en un momento de fricción con Washington.
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Un delito amplio bajo la legislación cubana
En Cuba, los delitos relacionados con "propaganda enemiga" o "actos contra la seguridad del Estado" están tipificados de manera amplia en el Código Penal y suelen ser utilizados contra opositores, activistas y periodistas independientes.
Organizaciones de derechos humanos como Amnesty International y Human Rights Watch han documentado durante años el uso de figuras penales ambiguas para reprimir la disidencia política en la isla.
Tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021, Miguel Díaz-Canel impulsó reformas legales que endurecieron penas por delitos vinculados a manifestaciones públicas, difusión de información considerada falsa y acciones contra el "orden constitucional".
Según informes de organizaciones independientes cubanas, más de 1.200 personas permanecen encarceladas por motivos políticos o vinculados a protestas.
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Opacidad sobre garantías procesales
En casos anteriores, activistas y observadores internacionales han denunciado confesiones obtenidas bajo presión y juicios sumarios con escasas garantías procesales.
Panamá a la espera de información
El gobierno de Panamá no ha emitido aún un pronunciamiento detallado sobre la situación de sus ciudadanos, aunque fuentes diplomáticas indicaron que se está recabando información a través de los canales consulares.
Mientras tanto, el caso añade un nuevo capítulo a la ya delicada relación entre Cuba y Estados Unidos y vuelve a poner bajo la lupa internacional el uso de delitos de seguridad del Estado por parte del régimen cubano.
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