EEUU sanciona por primera vez al dictador cubano Díaz-Canel por violaciones de derechos humanos
El Departamento de Estado también sancionó al ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Miguel Díaz-Canel
Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el dictador cubano Miguel Díaz-Canel por su responsabilidad directa en graves abusos a los derechos humanos. Es la primera vez que Washington castiga formalmente al jefe del régimen comunista, una figura que hasta ahora había evitado medidas personales pese a su rol central en la represión.
El Departamento de Estado también sancionó al ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas. La acción prohíbe a los tres, así como a sus familiares directos, ingresar a territorio estadounidense. Las sanciones se amparan en una cláusula de la ley presupuestaria del Departamento de Estado que niega visas a funcionarios extranjeros involucrados en corrupción o violaciones de derechos humanos.
Nuevas restricciones migratorias y económicas
Además de las sanciones migratorias, el Departamento de Estado incluyó 11 hoteles en su Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba. Entre ellos se encuentra el hotel “Torre K”, una propiedad de lujo recientemente construida en La Habana y vinculada al conglomerado militar GAESA. Esta medida restringe el acceso de ciudadanos estadounidenses a propiedades asociadas con el gobierno cubano y sus entidades militares.
También se impusieron restricciones de visa a funcionarios judiciales y penitenciarios cubanos, identificados como responsables o cómplices de la detención injusta y tortura de manifestantes del 11 de julio de 2021. Debido a las leyes de confidencialidad en materia de visas, sus nombres no fueron revelados.
El senador Marco Rubio, quien ha sido una de las voces más firmes contra el régimen de La Habana, declaró que “cuatro años después de la brutal represión del régimen cubano contra los manifestantes, el Departamento de Estado está restringiendo las visas de figuras clave del régimen cubano —Díaz-Canel, López Miera, Álvarez Casas y sus compinches— por su papel en la brutalidad del régimen contra el pueblo cubano”. Rubio también criticó que, mientras la población sufre escasez de alimentos, agua, medicamentos y electricidad, el régimen “despilfarra dinero entre sus allegados”, incluyendo el financiamiento de hoteles como la Torre K, ahora incluida en la lista de lugares restringidos para impedir el uso de dólares estadounidenses en beneficio del aparato represivo.
La represión tras el 11J
Denuncias sobre condiciones carcelarias
Un informe de Human Rights Watch publicado este viernes recoge los testimonios de 17 personas detenidas por su participación en las protestas. Denunciaron golpizas, confinamiento prolongado, negación de atención médica y torturas físicas como la técnica de “la bicicleta”, que consiste en hacer correr al prisionero esposado con los brazos levantados. También reportaron brotes de sarna, tuberculosis, dengue y covid-19 sin tratamiento adecuado.
El caso más reciente es el de Yan Carlos González, un hombre condenado por cargos de sabotaje. Falleció esta semana tras una huelga de hambre de 40 días en protesta por su condena. De acuerdo con Cubalex, González fue acusado de incendiar un cañaveral sin que se presentaran pruebas. Murió en un hospital de Santa Clara.
EEUU reitera su apoyo a los presos políticos
El martes, el subsecretario de Estado Christopher Landau sostuvo una reunión virtual con familiares de presos políticos, activistas y periodistas en la embajada estadounidense en La Habana. En ese encuentro, exigió la liberación de todos los detenidos por motivos políticos. Por su parte, el senador Marco Rubio publicó en la red X que “el régimen cubano continúa torturando al activista prodemocracia José Daniel Ferrer” y exigió pruebas de vida.
Mientras tanto, en una reciente intervención ante Naciones Unidas, un diplomático cubano afirmó que en las cárceles del país “se garantizan los derechos de las personas privadas de libertad” y que “no hay hacinamiento, violencia contra la mujer, condiciones insalubres ni discriminación”.