El régimen cubano amenaza a periodistas exiliados con extradiciones y penas de cárcel

El régimen de Cuba anunció en la noche de este miércoles nuevos "avances" en la investigación penal abierta contra el medio independiente El Toque, al que acusa de ejecutar "guerra cognitiva" y responder a agendas externas -según sus palabras- para "subvertir el orden constitucional".

La información, divulgada por la Agencia Cubana de Noticias (ACN) y el programa oficialista Razones de Cuba, identifica a 18 directivos y colaboradores del medio independiente -todos residentes fuera del país- como presuntos responsables de delitos no demostrados por el régimen. El aparato comunicacional del castrismo también publicó las fotografías y datos personales de cada uno de los acusados, como señal de amenaza. 

La ofensiva contra la prensa independiente ocurre en un contexto de grave deterioro económico en la isla, con una inflación disparada y el colapso del mercado cambiario estatal. A pocos días del vencimiento del plazo para implementar una tasa de cambio flotante, el régimen ha optado por culpar al medio periodístico del aumento del dólar y el euro en el mercado informal cubano, una narrativa que economistas próximos al propio oficialismo han catalogado como "insostenible" y "absurda".

Acusaciones sin sustento y advertencias de persecución internacional

De acuerdo con la versión difundida por Razones de Cuba, las supuestas pesquisas concluyen que El Toque actúa como "instrumento de guerra cognitiva", reproduce manuales de "golpe suave" y recibe apoyo exterior. No se ha presentado evidencia verificable que respalde dichas afirmaciones, algo bastante común en los procesos judiciales del país caribeño.

Las autoridades añadieron que los señalados -radicados en Estados Unidos, México y España- podrían ser extraditados si viajan a terceros países o enfrentar penas de prisión si regresan a Cuba, ampliando la presión más allá del territorio nacional. 

Sin embargo, estas amenazas carecen de base práctica: en el caso de los residentes en España -más de la mitad de los mencionados- la Constitución española protege la extradición solo en cumplimiento de tratados o leyes, criterios que no se cumplen en este caso. Aún así, la dictadura utiliza este argumento con ligereza y como mecanismo de presión.

Este nuevo discurso replica acusaciones previas de la Seguridad del Estado, donde funcionarios del Ministerio del Interior habían atribuido al mismo medio delitos como "sabotaje económico", "tráfico de divisas" y "evasión fiscal". Entre ellos, el coronel Francisco Estrada Portales afirmó en la televisión pública que la plataforma impone la tasa informal de divisas, pese a que la prensa estatal reconoce que dicho mercado existe precisamente porque el Estado lleva casi dos años sin establecer un mecanismo legal de cambio.

Incluso voces del aparato mediático oficial, como el analista Ariel Terrero, han calificado de "grotesco" responsabilizar a un medio de comunicación de la dinámica del mercado informal.

Un caso construido desde 2024

El Toque ha denunciado que esta causa penal se fabrica desde hace más de un año. Su director, José Jasán Nieves, afirma que fragmentos de declaraciones transmitidas por la televisión estatal fueron obtenidos bajo "tortura psicológica" durante interrogatorios prolongados en la sede de la Seguridad del Estado en Villa Marista. Agrega que los supuestos materiales incriminatorios son información pública sobre financiamientos y proyectos legales de formación cultural y periodística.

La campaña oficial también incluyó la divulgación televisiva de datos personales (dirección y otros detalles) de Nieves y su esposa, la periodista Elaine Díaz, lo que el medio denunció como un acto de doxxing y hostigamiento. Otras personas mencionadas por las autoridades también han denunciado persecución política y presiones del régimen. 

La arremetida coincide, además, con procesos judiciales secretos contra exfuncionarios estatales acusados de conspiración y otros altos delitos -incluyendo al exministro de Economía Alejandro Gil-, a quienes se intenta responsabilizar por la crisis actual que atraviesa la isla.

Criminalización y resistencia

Con los 18 señalados ahora identificados, el régimen de La Habana parece buscar formalizar la criminalización del medio e internacionalizarla mediante amenazas de extradición.

Por su parte, El Toque reiteró que mantendrá su labor periodística. La redacción subraya que su tasa de referencia del mercado informal se calcula mediante un algoritmo público, revisado por especialistas independientes como el reconocido economista Pavel Vidal, y que su metodología contrasta con la opacidad estatal sobre los datos macroeconómicos del país.

En la última década, decenas de medios independientes, así como periodistas y colaboradores de los mismos, han sido acusados de "contrarrevolución" y "disidencia" por la cúpula castrista. Muchos de ellos han sido procesados y encarcelados por ejercer su derecho a la libre expresión.