Cuba condena a seis personas por protestar "con ollas y sartenes" frente a una sede del régimen
Los cubanos fueron sentenciados esta semana a penas de cinco y seis años de cárcel por participar en una protesta pacífica frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Manicaragua -una sede del régimen- en octubre de 2024.
Desde el régimen cubano hablan de "cero cobertura energética nacional"/ Adalberto Roque
Seis ciudadanos cubanos fueron sentenciados esta semana a penas de cinco y seis años de cárcel por participar en una protesta pacífica frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Manicaragua -una sede del régimen- en octubre de 2024, según informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
La manifestación consistió en "toques de calderos y otros objetos metálicos" como forma de reclamar el suministro de electricidad. La sentencia, identificada como C‑7‑25 y emitida por el Tribunal Provincial de Villa Clara, considera que los acusados cometieron delitos contra la seguridad del Estado y desórdenes públicos, pese a que la protesta se disolvió una vez restablecido el servicio eléctrico en esa región central del país.
Los condenados a seis años fueron José Águila Ruiz (por propaganda contra el orden constitucional), Raymond Martínez Colina y Carlos Hurtado Rodríguez (por desórdenes públicos), mientras que Osvaldo Agüero Gutiérrez, Narbiel Torres López (18 años) y Yoan Pérez Gómez recibieron cinco años de prisión por el mismo cargo.
Además, todos recibieron sanciones accesorias, restricción de derechos políticos y prohibición de salida del país.
"Queremos corriente"
Según la sentencia, los acusados participaron en una concentración de más de cien personas y realizaron ruidos con diversos objetos metálicos y claxones, interrumpiendo la circulación y protestando con gritos como "queremos corriente". El tribunal también responsabilizó a José Águila Ruiz por filmar y difundir la manifestación, alegando que buscaba "desacreditar al sistema social cubano".
El OCDH calificó la resolución como un fraude judicial destinado a criminalizar la protesta cívica y limitar las libertades de expresión y manifestación. La organización destacó que la sentencia carece de fundamentación legal suficiente, presenta fallas en la identificación de los acusados y prioriza los testimonios de funcionarios del MININT (órgano represor del régimen) y autoridades locales, comprometiendo la imparcialidad del proceso.
La Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado estuvo integrada por Justo Gustavo Faife Hernández (ponente), Noraimis Blanco Echarte y Ricardo Hernández Domínguez, con Yoenys Montero Tamayo como fiscal actuante. Todos los funcionarios mencionados responden a la maquinaria política y legal del castrismo.
El caso pone de relieve el endurecimiento de las medidas represivas en Cuba ante demandas sociales básicas, como el acceso a electricidad, y evidencia la ausencia de garantías judiciales en procesos penales de índole política.
¿Cuántos presos políticos tiene Cuba?
Entre la población penitenciaria cubana figuran 36 personas que fueron arrestadas cuando aún eran menores de edad; de ellas, 30 cumplen actualmente condena y seis permanecen bajo proceso penal, sujetas a medidas cautelares y sin la debida tutela judicial.
De los actuales prisioneros, 472 padecen enfermedades graves y 40 presentan trastornos mentales sin tratamiento adecuado, según la ONG.
Las autoridades del régimen niegan la existencia de presos políticos en sus cárceles.
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