La ONU se gira a Venezuela: critica a EEUU por los ataques a narcolanchas en el Caribe

La reciente denuncia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, contra Estados Unidos por los ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, ha generado controversia y acusaciones de parcialidad.

El organismo calificó las operaciones estadounidenses como "ejecuciones extrajudiciales", tras informar que al menos 62 personas murieron durante acciones antinarcóticos en las últimas semanas. La ONU exigió que Washington detenga los ataques y abra investigaciones independientes, afirmando que las muertes "no tienen justificación dentro del derecho internacional".

"Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya", dijo Türk.

Turk pidió también "investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre dichos ataques".

La ONU muestra "una postura más cercana a Caracas"

Analistas y funcionarios estadounidenses consideran que el pronunciamiento de la ONU ignora el contexto del narcotráfico regional y la amenaza que representan los cárteles vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Según fuentes de seguridad citadas en medios locales, los operativos forman parte de un esfuerzo internacional para contener las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, en el que participan la Armada y la Guardia Costera.

Críticos en Washington han acusado al Alto Comisionado de "mostrar una postura más cercana a Caracas", especialmente en un momento en que las tensiones entre ambos países vuelven a escalar. Recordaron además que el régimen venezolano ha sido señalado por organismos internacionales -incluyendo informes previos de la propia ONU- por violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Pese a las críticas, la ONU insiste en que su llamado no busca cuestionar la lucha contra el narcotráfico, sino garantizar que las operaciones respeten los límites del derecho internacional. No obstante, en el clima político actual, su declaración ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de desacreditar la política de seguridad estadounidense y, en consecuencia, un gesto indirectamente favorable al régimen de Nicolás Maduro.