Cuba alcanza un nuevo récord de 1.176 prisioneros políticos en julio
En julio, la lista de prisioneros políticos creció con la incorporación de 25 nuevos casos, mientras que se registraron siete bajas: seis por cumplimiento de condena y una por el fallecimiento de Yan Carlos González, quien murió tras una prolongada huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento arbitrario y las condiciones inhumanas en prisión.
Presos políticos cubanos salen de la cárcel (Archivo)
Cuba ha registrado un nuevo récord de 1.176 prisioneros políticos y de conciencia al cierre de julio de este año, según el último informe de la organización Prisoners Defenders.
Este aumento se debe a la intensificación de la represión sistemática del régimen cubano contra ciudadanos que se manifiestan pacíficamente por la libertad, los derechos humanos y en respuesta a la grave crisis de servicios básicos como agua potable, alimentos, electricidad y atención médica.
En julio, la lista de prisioneros políticos creció con la incorporación de 25 nuevos casos, mientras que se registraron siete bajas: seis por cumplimiento de condena y una por el fallecimiento de Yan Carlos González, quien murió tras una prolongada huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento arbitrario y las condiciones inhumanas en prisión.
Entre los nuevos prisioneros, 17 fueron detenidos durante las protestas pacíficas de marzo de 2024 en la provincia de Granma, motivadas por la crisis económica, apagones de más de 15 horas y la escasez de alimentos y medicinas. Estos detenidos, que incluyen a tres miembros de una misma familia, enfrentan condenas de entre dos y siete años de privación de libertad, impuestas sin tutela judicial.
El informe destaca que las manifestaciones en Cuba han evolucionado de eventos puntuales a una forma de resistencia sostenida contra un régimen que no ofrece soluciones a las demandas ciudadanas y que, en cambio, recurre a la represión para silenciar el descontento.
Entre los casos notables está el de Luis Ángel Cuza Alfonso, periodista y activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), trasladado a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana, acusado falsamente de “tenencia ilegal de armas” y “actos contra la Seguridad del Estado”.
También se incluye a Ricardo Román Suárez Marrero, un exteniente coronel del Ministerio del Interior que, tras jubilarse y criticar públicamente al régimen, fue condenado a 18 años por “espionaje” y “desacato” en un proceso militar sin garantías judiciales.
El sistema judicial cubano
El sistema penal cubano, descrito por Prisoners Defenders como un “teatro represivo”, carece de independencia judicial. Los “tribunales” y la “Fiscalía” operan bajo el control del partido único, imponiendo medidas cautelares y condenas sin debido proceso.
En este contexto, 124 mujeres permanecen entre los prisioneros políticos, 45 de ellas en cárceles bajo condiciones inhumanas, enfrentando torturas, falta de atención médica y acoso a sus familias.
Además, 33 menores de edad, incluyendo 30 que aún cumplen condena, figuran en la lista, muchos procesados por “sedición” con penas promedio de cinco años.
El informe también señala que cinco prisioneros políticos excarcelados entre enero y marzo de este año bajo acuerdos con la Iglesia Católica, fueron devueltos a prisión por incumplir condiciones restrictivas del régimen carcelario-domiciliario. Entre ellos está José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Con 1.869 prisioneros políticos registrados desde julio de 2021, Cuba enfrenta una crisis de derechos humanos sin precedentes, agravada por la falta de libertades fundamentales y un sistema judicial diseñado para perpetuar la represión.
Trump aprieta las tuercas con sanciones al régimen cubano
El memorando prohíbe transacciones financieras con entidades controladas por el Ejército cubano, como GAESA, y refuerza el embargo económico, rechazando su levantamiento en foros internacionales. Además, busca promover los derechos humanos, la libertad de prensa, el acceso a internet y un sector privado independiente, apoyando al pueblo cubano frente a la represión socialista.
La medida prohíbe el turismo estadounidense a Cuba, con auditorías para garantizar su cumplimiento, y ordena investigar las detenciones ilegales y tratos inhumanos del régimen, además de rastrear a fugitivos de la justicia estadounidense en la isla.
En esa línea, se mantiene la eliminación de la política de “Pies secos, pies mojados” para frenar la migración irregular. Este memorando, que sigue a la reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, refleja el compromiso de Trump de “fomentar una Cuba libre y democrática”, según la Casa Blanca, cumpliendo su promesa de apoyar al pueblo cubano en su lucha por justicia y libertad.
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