ANÁLISIS
Cuatro años del 11J en Cuba: más represión, censura y crisis
En el 2024 la isla registró más de 8.400 protestas y manifestaciones públicas, un aumento del 31% respecto al año anterior, y en medio de una crisis total que mantiene al país al borde del colapso.

Un hombre es arrestado por las fuerzas del régimen durante las protestas de julio de 2021
Este viernes 11 de julio se cumplen cuatro años desde que estallaron, en las 16 provincias de Cuba, las mayores manifestaciones contra el Gobierno desde el maleconazo de 1994, durante el llamado Periodo Especial, cuando cientos de cubanos salieron a protestar por la precaria situación económica en vísperas del estallido de la crisis de los balseros.
En 2021, el pueblo volvió a tomar las calles, demandando un cambio político y económico para el país. El resultado: más represión, enfrentamientos con las fuerzas del orden, días de apagón tecnológico, censura a la prensa y más de 1.000 detenidos, posteriormente acusados y sancionados la mayoría por los presuntos delitos de sedición, desorden público o contrarrevolución.
Cuatro años después, las protestas continúan: sólo en 2022 se produjeron 692. En el 2023, según los registros del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), se contabilizaron 5.749 y el pasado año, Cuba registró más de 8.400 protestas, un aumento del 31% en 12 meses, y en medio de una crisis total que atraviesa la isla y la mantiene al borde del colapso.
A pesar de las promesas de cambio y unidad, el Estado sigue controlando las revueltas por la fuerza. El lenguaje ambiguo en que han sido concebidas muchas de las regulaciones recogidas en la Constitución de 2019 facilita la criminalización de la disidencia.
Un nuevo código penal introducido en el 2023, establece la publicación en redes sociales como categoría delictiva y aumenta las penas de prisión por delitos como "desórdenes públicos", "resistencia" e "insultos a los símbolos nacionales".
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La segunda mayor manifestación después del 11 de julio de 2021 tuvo lugar el 18 de marzo de 2024, cuando cientos de personas protestaron en Santiago de Cuba y en Bayamo -al oriente de la isla-, por la escasez de alimentos y electricidad. Esa vez, aunque el dictador cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que el descontento era real, añadió, una vez más, que los enemigos de la Revolución estaban aprovechando la ocasión para promover el caos.
Desde el 11J, la crisis económica se ha agravado, desencadenándose un dramático aumento de la emigración. El precio de los alimentos se ha disparado y los cortes de electricidad han ido en incremento, hasta dejar en varias ocasiones el país completamente a oscuras tras el colapso de su red eléctrica nacional. Escasean los medicamentos, la educación toca fondo y el turismo -uno de los pocos salvavidas del régimen y que ya era mínimo-, se contrajo a la mitad en el primer semestre de 2025.
Acoso y represión contra las voces disidentes
Justo en el aniversario de las históricas protestas de julio de 2021 en Cuba -y con temor de otra revuelta popular-, el régimen continúa el "acoso" y la "represión" contra las voces disidentes, de acuerdo a las denuncias sistemáticas de los activistas y opositores que permanecen en la isla. También el hostigamiento ha llegado hasta las familias.
Entre los métodos más comunes está negarle el pase a presos políticos del 11J que se encuentran en régimen de mínima severidad (campamentos o granjas) o citaciones a los familiares, para advertirles de que no salgan de sus casas esta semana, ni se reúnan con otros activistas u organizaciones.
Se suman a las operaciones de intimidación cercos policiales a los domicilios de los opositores, amenazas verbales, arrestos injustificados de 48 a 72 horas, y otras técnicas de "terror y violencia psicológica" utilizadas por la dictadura desde 1959.
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Estas acciones de coacción se relacionan, en algunos casos, con encuentros sostenidos por los opositores con el jefe de misión diplomática de EEUU en La Habana, Mike Hammer, quien también ha recorrido Cuba en los últimos meses para constatar la situación de miseria en la que sobrevive el país.
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Durante el encuentro, se proyectó un mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio, quien destacó el significado del 11J como un punto de inflexión para Cuba.
Rubio, quien informó de su declaración en su cuenta en X, elogió la perseverancia de los ciudadanos que continúan demandando cambios, y reafirmó el compromiso del Gobierno estadounidense con quienes "siguen enfrentándose a las dificultades" dentro del país.
"Es un honor dirigirme a un grupo de valientes disidentes cubanos y periodistas independientes para reafirmar nuestro apoyo a una Cuba libre, soberana e independiente. #PatriaYVida #11J", escribió el jefe de la diplomacia estadounidense en sus redes. Rubio es de origen cubano.
Días atrás el propio Donald Trump amplió las sanciones contra el régimen de la isla, y dijo que EEUU y su Administración están firmemente a favor de la libertad y la democracia en Cuba.
Más de 1.100 presos políticos en Cuba
Manifestantes, activistas y religiosos cuentan entre los presos políticos que han entrado hasta mayo en la lista de recluidos que actualiza diariamente Prisoners Defenders (PD) en Cuba. La organización de derechos humanos contabiliza, según su monitoreo al margen del oficialismo, 1.158 detenidos en la actualidad.
De acuerdo a datos oficiales de La Habana, que acusa a Washington de haber orquestado las manifestaciones durante todo este tiempo, unos 500 participantes fueron condenados a penas de hasta 25 años de prisión. Otros -más de 120 manifestantes-, fueron enjuiciados por Tribunales Militares, una violación palmaria de la legislación internacional, a pesar de ser civiles.
Al menos cuatro de estos manifestantes recluidos en las cárceles del régimen por motivos políticos y expresar su desacuerdo con el sistema, han muerto en el último año. Las causas no han sido publicadas con claridad.
La falta del debido proceso, nulo derecho a la defensa efectiva (no existen abogados defensores independientes en Cuba), ausencia de la presunción de inocencia (sin tutela judicial, los fiscales decretan prisión provisional y medidas cautelares a todos los procesados políticos) y/o el uso de tribunales militares son la norma sin excepción que se han verificado en los miles de casos de presos políticos en Cuba, analizados jurídicamente por PD.
Estos datos fueron confirmados por Naciones Unidas públicamente en junio de 2024.
En otro informe reciente de Prisoners Defenders, se destapa una de las redes de colaboradores de la Seguridad del Estado en el exterior, diseñada para atacar la reputación de activistas y líderes comunitarios en Cuba.
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"Nuevas formas de protestar" en la isla a cuatro años del 11J
Cuatro años después del 11J, las manifestaciones populares "no han disminuido" en Cuba, sino que se observa "una población que trata de adaptarse a un sistema totalmente represivo, buscando nuevas formas de protestar", declaró Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, en el programa Los Puntos a Las Íes.
"Para mí, hay un cambio sin precedentes. Están luchando con un sistema que tiene 65 años. Y hay un desafío en ese sentido", añadió la activista.
Mientras el país sobrevive como puede, en medio de la escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos, este 11J, a cuatro años del estallido social, las calles cubanas amanecieron patrulladas por las fuerzas del régimen.