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Daniel Ortega cierra las oficinas de la Cruz Roja en Nicaragua y confisca sus bienes

El régimen sandinista usa como acusación contra este organismo, entre otras cosas, el haber atendido a los heridos en las protestas de 2018

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto con su mujer, Rosario Murillo, en la ceremonia de investidura de un nuevo mandato presidencial en Managua el 10 de febrero de 2022 (foto de archivo).

Daniel Ortega / Cordon Press

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El régimen de Daniel Ortega y de su mujer, Rosario Murillo, continúa la represión contra la población nicaragüense, los medios de comunicación opositores y ahora también contra instituciones como la Cruz Roja Internacional. Este pasado miércoles el régimen ordenó el cierre de la oficina de esta institución en el país y la constitución de una nueva Cruz Roja que dependa del Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua. ¿La razón? Según el sandinismo, por saltarse sus propios principios fundacionales de la Cruz Roja, que no fueron otros que el atender a los cientos de heridos provocados por la represión del régimen contra la población civil que protestaba contra los dictadores nicaragüenses.

"En los actos acontecidos en el año 2018, que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de estos principios -humanidad, imparcialidad y neutralidad- y de su acta constitutiva y estatutos, y la asociación misma transgredió las leyes del país al desatenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales", indica el decreto publicado este miércoles.

La Cruz Roja de Nicaragua fue creada en 1931 cuando la ciudad de Managua fue sacudida por un terrible terremoto y luego arrasada por el posterior incendio. La primera secretaria del Parlamento, la diputada sandinista Lorna Dixon, fue la encargada de remitir a la Cámara (completamente controlada por la pareja Ortega-Murillo) la iniciativa de ley que deroga el decreto fundacional del organismo y ordena confiscar sus bienes y "traspasarlos" al Ministerio de Salud (Minsa).

Como respuesta a ese levantamiento de la sociedad, la dictadura sandinista desató una cruel represión que dejó 448 muertos, 2.830 heridos y 718 desaparecidos. Por tratarse de opositores, les fue negada la asistencia médica por parte del Minsa, por lo que las organizaciones de ayuda humanitaria realizaron una labor fundamental para socorrer a esas víctimas.

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