La TSA se enfrenta al escrutinio constitucional mientras los demócratas siguen bloqueando los fondos del DHS y se disparan los tiempos de espera en los aeropuertos

Los demócratas del Senado de Estados Unidos bloquearon el jueves otro intento de los republicanos de financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras el cierre parcial del Gobierno entraba en su cuarta semana. Una de las consecuencias más evidentes del bloqueo son las descontroladas colas de espera de la TSA en los aeropuertos de todo el país.

A medida que gente como los senadores Marsha Blackburn, republicano por Tennessee, y Dave McCormick, republicano por Pensilvania, elevan el tema, inevitablemente resurge el argumento de que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) es inconstitucional y no debería existir de todos modos.

La Administración de Seguridad en el Transportese creó tras los atentados de Ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron casi 3.000 personas cuando los secuestradores se apoderaron de cuatro aviones comerciales y los utilizaron como armas contra objetivos en Nueva York, Pensilvania y Virginia.

Antes del 11-S, el control de pasajeros en los aeropuertos de Estados Unidos corría a cargo de contratistas privados contratados por las compañías aéreas. Las normas eran mínimas: los pasajeros podían llevar pequeñas navajas de bolsillo a bordo, en muchos casos no se exigía tarjeta de embarque ni identificación para acceder a las puertas de embarque,y la seguridad era a menudo incoherente en los distintos aeropuertos.

Los atentados pusieron de manifiesto estas vulnerabilidades, ya que los secuestradores aprovecharon la laxitud de los procedimientos para embarcar en los vuelos con cúteres y cuchillos.

Mohamed Atta y Abdul Aziz al-Omari, dos de los secuestradores del 11-S, pasaron sin problemas el control de seguridad del aeropuerto internacional de Portland, en Maine, embarcaron sin problemas en un vuelo de cercanías al aeropuerto internacional Logan de Boston y, a continuación, -también sin pasar un control riguroso- embarcaron en el vuelo 11 de American Airlines con destino a Los Ángeles. Ese vuelo sería secuestrado por la pareja yihadista y se estrellaría contra el World Trade Center.

Legislación que crea la TSA como agencia federal

Como respuesta directa, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad en la Aviación y el Transporte (ATSA), promulgada por el presidente George W. Bush el 19 de noviembre de 2001. Esta ley creó la TSA como agencia federal (inicialmente dependiente del Departamento de Transporte, posteriormente trasladada al Departamento de Seguridad Nacional en 2003) para supervisar la seguridad en todos los modos de transporte, con especial atención a la aviación.

Los principales mandatos incluían federalizar el control de pasajeros y equipajes, exigir un control del 100% del equipaje facturado en busca de explosivos, ampliar el Servicio Federal de Alguaciles Aéreos y reforzar las puertas de las cabinas de pilotaje.

Business Insider informó de que "unos 50.000 agentes de la TSA se quedaron sin su primer sueldo esta semana, ya que el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la TSA, sigue sin fondos debido a una batalla en el Congreso sobre sus políticas de control de la inmigración." El medio de comunicación también informó de que desde la desfinanciación de la TSA, miles de viajeros en EEUU están atrapados en colas de seguridad que tardan hasta tres horas en despejarse en algunos aeropuertos. El Liberty International de Newark está informando de un tiempo de espera de entre 40 y 60 minutos para despejarse.

Argumentos constitucionales contra la TSA en virtud de la Cuarta Enmienda

Los críticos sostienen que la TSA viola principios constitucionales básicos, en particular la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones irrazonables. Los controles en los aeropuertos incluyen cacheos, escáneres de cuerpo entero e inspecciones de equipaje, procedimientos que muchos consideran invasivos sin sospecha individualizada ni causa probable.

Los partidarios de eliminar la TSA sostienen que estas medidas constituyen registros no razonables. Los escáneres de cuerpo entero (tecnología de imagen avanzada) pueden revelar imágenes corporales detalladas, lo que plantea problemas de privacidad, mientras que los cacheos mejorados implican un contacto físico que muchos califican de intrusivo.

Algunos desafíos legales se han centrado en si estas prácticas exceden los límites permisibles, incluso con excepciones como los registros administrativos para la seguridad pública. Por lo general, los tribunales han aprobado los controles de la TSA en virtud de la doctrina de las "necesidades especiales" o de los registros administrativos, considerándolos intrusiones limitadas justificadas por un interés gubernamental imperioso en la prevención del terrorismo en la aviación. Por ejemplo, una sentencia judicial de 2011 del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia consideró constitucionales los escáneres de cuerpo entero, aunque criticó la falta de comentarios públicos antes de su implantación.

Sin embargo, los detractores sostienen que el consentimiento para el control (como condición para volar) es coercitivo, ya que obliga a los viajeros a renunciar a los derechos de la Cuarta Enmienda para ejercer un modo común de viajar. Los críticos también sostienen que la TSA representa una extralimitación federal, al carecer de autorización constitucional explícita para que una burocracia masiva realice registros rutinarios sin sospecha a millones de ciudadanos a diario. Algunas voces libertarias y conservadoras la enmarcan como una expansión inconstitucional del poder gubernamental tras el 11-S, infringiendo la libertad personal y la privacidad sin justificación suficiente.

Propuestas recientes, como laLey de abolición de la TSA presentada en 2025 por los senadores Mike Lee, republicano de Utah, y Tommy Tuberville, republicano de Alabama, El proyecto de ley ha sido remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, donde languidece actualmente.

Cuestiones de seguridad y protección

Aunque las críticas constitucionales son contundentes, los defensores de la TSA destacan su papel en la seguridad aérea. La agencia controla diariamente a millones de personas -en 2024, más de 904 millones de pasajeros y 494 millones de maletas facturadas - interceptando amenazas como las armas de fuego (más de 6.000 descubiertas en equipajes de mano en los últimos años).

Desde el 11-S no se ha producido ningún gran secuestro comercial en Estados Unidos, un récord que a menudo se atribuye a la seguridad por niveles(que incluye inteligencia, agentes aéreos, puertas reforzadas y puestos de control). La confianza del público sigue siendo alta, y las encuestas muestran un fuerte apoyo a medidas como la verificación de la identidad.

Sin embargo, su eficacia es objeto de debate. Las pruebas encubiertas del Departamento de Seguridad Nacional han mostrado repetidamente altos porcentajes de fracaso de hasta el 80-95% en la detección de amenazas simuladas como armas o explosivos en auditorías encubiertas,aunque las cifras exactas recientes a veces se clasifican o mejoran.

Los informes de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno han puesto de relieve vulnerabilidades persistentes, como problemas no resueltos en pruebas encubiertas y la degradación de la tecnología con el paso del tiempo.

Los análisis de coste-beneficio sugieren que algunas medidas pueden no justificar los gastos dadas las bajas probabilidades de ataque,cuestionando si los niveles actuales representan una seguridad óptima o un "teatro de seguridad".

Los defensores de la privatización señalan el Programa de Asociación de Inspección de la TSA, en el que algunos aeropuertos recurren a contratistas privados bajo las normas de la TSA, como prueba de que las alternativas podrían mantener la seguridad reduciendo al mismo tiempo la burocracia y los retrasos. Aunque las reformas posteriores al 11-S abordaron amenazas reales y contribuyeron a dos décadas sin grandes secuestros, los persistentes fallos en las pruebas, los elevados costes y las intrusiones en la privacidad alimentan los argumentos a favor de la abolición o la reforma.

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