ANÁLISIS
Un juez respalda a los padres en las políticas de secreto de género en California
La orden judicial en el caso Mirabelli contra Olson significa que el caso representará a más de 300.000 profesores de escuelas públicas de California y a los padres de más de 5 millones de estudiantes de escuelas públicas de California.
Niños con banderas trans y LGTB
Un juez federal certificó esta semana una demanda colectiva, representando a todos los padres y profesores de California afectados por las Políticas de Exclusión Parental sobre la identidad de género de los estudiantes, a raíz de una demanda de la Sociedad Thomas More.
El juez de distrito estadounidense Roger Benítez certificó una demanda colectiva el 15 de octubre. En el caso Mirabelli contra Olson, la Sociedad Thomas More, un bufete de abogados sin ánimo de lucro, representa a los demandantes en una demanda federal contra el Distrito Escolar Unido de Escondido, el Departamento de Educación de California y el Fiscal General de California Rob Bonta.
La orden judicial en el caso Mirabelli contra Olson significa que el caso representará a más de 300.000 profesores de escuelas públicas de California y a los padres de más de 5 millones de estudiantes de escuelas públicas de California.
"Todos los padres y profesores afectados de California tienen ahora voz en los tribunales"
El juez Benítez escribió en la orden judicial: "El desagravio por mandato judicial en nombre de la clase propuesta lograría cambios sistémicos en el Departamento de Educación de California que obviarían la necesidad de futuras demandas que busquen un desagravio similar."
El 17 de noviembre, una audiencia de juicio sumario podría poner fin a las Políticas de Exclusión Parental de California en todo el estado. En la vista se decidirá si el juez Benítez dictamina que estas políticas violan los derechos de los padres a la educación de sus hijos recogidos en la Primera y la Decimocuarta Enmienda y, en el caso de los profesores, sus derechos a la libertad de expresión y a la expresión religiosa recogidos en la Primera Enmienda.
En virtud de estas políticas, los profesores y administradores están obligados a utilizar los pronombres preferidos solicitados por un alumno y a ocultar a los padres la identidad de género de un niño. Utilizan los pronombres biológicos y los nombres legales sólo cuando hablan con los padres, si el niño solicita que se mantenga a los padres en la oscuridad.
"El juez Benítez ha reconocido que las políticas de secreto de género de California afectan a millones de familias y profesores, y que todos los afectados merecen que se resuelvan de plano las cuestiones constitucionales fundamentales", dijo Paul Jonna, abogado especial de la Sociedad Thomas More y socio de LiMandri & Jonna LLP, en un comunicado de prensa. "Con esta demanda colectiva certificada, todos los padres y profesores afectados de California tienen ahora voz en los tribunales".
California está "manteniendo a los padres en la oscuridad"
La demanda comenzó en abril de 2023, cuando dos profesoras de Escondido, Elizabeth Mirabelli y Lori West, demandaron a su distrito escolar en el condado de San Diego y al CDE, después de que el distrito se negara a concederles una adaptación religiosa.
"Los padres tienen un derecho fundamental, reconocido por el Tribunal Supremo desde hace más de un siglo, a dirigir la educación y la formación moral de sus hijos,", dijo Peter Breen, vicepresidente ejecutivo y responsable de litigios de la Sociedad Thomas More, en un comunicado de prensa. "El Departamento de Educación de California y los distritos escolares no pueden anular ese derecho manteniendo a los padres a oscuras sobre los principales asuntos y acontecimientos en la vida de sus hijos".
The Center Square se puso en contacto con el CDE y AG Bonta para un comentario sobre esta orden judicial, pero no ha recibido una respuesta.
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