Iryna Zarutska fue apuñalada hasta morir: ¿por qué su presunto asesino podría quedar en libertad?

El asesinato de Iryna Zarutska, una joven ucraniana de 23 años apuñalada en un tren ligero de Charlotte el pasado agosto, ha generado indignación pública y ha impulsado una nueva legislación estatal. Sin embargo, el presunto responsable, Decarlos Brown Jr., un reincidente con problemas de salud mental que estaba en libertad bajo fianza, podría no ser juzgado, según un análisis publicado por City Journal.

Brown permanece actualmente bajo custodia federal y será trasladado próximamente a un centro médico penitenciario de alta seguridad. Allí iniciará un tratamiento psiquiátrico de cuatro meses cuyo principal objetivo es restaurar su competencia mental para poder enfrentar un juicio. 

Esquizofrénico y con un historial de violencia 

Brown, diagnosticado con esquizofrenia y con un historial de 14 arrestos previos en el condado de Mecklenburg - algunos por delitos violentos -, enfrenta cargos tanto estatales como federales por asesinato. Sin embargo, un juez federal lo ha declarado actualmente "incompetente" para enfrentar un juicio. Sus abogados han argumentado esta incompetencia tanto en el ámbito estatal como federal, lo que ha provocado retrasos en los procesos. 

Si las autoridades federales no consiguen restaurar la competencia mental de Decarlos Brown Jr., lo más probable es que el caso sea transferido a Carolina del Norte. Aunque existe la posibilidad de un internamiento civil indefinido a nivel federal, esta opción es menos viable en la práctica.

En su audiencia más reciente, Brown gritó al juez, deliró sobre tener "material en su cuerpo" y amenazó con demandar al FBI, por lo que fue retirado de la sala.

Brown podría salir libre por fallos en la ley estatal

De ser devuelto a las autoridades estatales, City Journal alega que el panorama resulta especialmente problemático. La legislación de Carolina del Norte establece que, si Brown es considerado no recuperable dentro del plazo máximo de la condena —diez años para delitos graves—, los cargos podrían ser retirados por completo. 

Esto abriría la puerta a su liberación sin supervisión, a pesar de su historial de violencia y su esquizofrenia sin tratamiento. Aunque este desenlace es poco probable en un caso de asesinato, no es imposible, ya que la decisión final sobre su competencia recae en el secretario del tribunal del condado correspondiente.

Según la legislación estatal vigente, ninguna persona puede ser juzgada, condenada, sentenciada o castigada por un delito si, debido a una enfermedad o deficiencia mental, es incapaz de entender la naturaleza y el propósito del proceso judicial en su contra, de comprender su propia situación respecto a esos procedimientos o de asistir de manera racional y razonable en su propia defensa.

Un sistema criticado por sus fallos

El caso ha puesto de manifiesto deficiencias en las leyes de compromiso involuntario y evaluación de competencia mental tanto a nivel estatal como federal. Según el informe de City Journal, estas normativas permiten en muchos casos la liberación de personas con historial violento sin tratamiento ni supervisión judicial ordenada.

Antes del homicidio de Zarutska, Brown había mostrado un comportamiento cada vez más errático, con llamadas al 911 motivadas por delirios. A pesar de ello, las autoridades lo procesaron en múltiples ocasiones sin realizar evaluaciones completas de competencia hasta después del asesinato. La ley de Carolina del Norte no obliga a ordenar una evaluación psiquiátrica ni a considerar necesariamente sus resultados, lo que ha sido señalado como una debilidad del sistema.

Aunque la política federal es ligeramente menos deficiente que la estatal, ambas presentan fallas graves y requieren una reforma urgente.

Cómo mejorar el sistema: evaluaciones tempranas e internamiento obligatorio

Para evitar tragedias como esta, el CJ propone reformar el sistema actual "haciendo obligatorias las evaluaciones de competencia, las extendería a delitos de menor gravedad cuando se cuestione el estado mental del acusado y convertiría los resultados de esas evaluaciones en parte del registro judicial permanente del imputado". De esta forma, se podría detectar y tratar a tiempo los casos de personas con trastornos mentales que cometen delitos repetidamente.

Asimismo, cuando se determine que un acusado es incompetente para ser juzgado y que el tratamiento no logrará restaurar su capacidad, debería exigirse un tratamiento residencial obligatorio. Bajo ninguna circunstancia, afirma, el Estado debería permitir la liberación de un individuo peligroso solo porque un tribunal lo declaró incompetente.

Carolina del Norte no es el único estado con deficiencias en estas áreas. Leyes similares en estados como Carolina del Sur, Oklahoma, Nueva York, Kentucky e Illinois también han sido objeto de críticas.