La Corte Suprema evalúa la creación de la primera escuela pública religiosa en el país

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el miércoles argumentos en un caso que podría permitir la creación de la primera escuela chárter religiosa financiada con fondos públicos en el país, la Escuela Virtual Católica San Isidoro de Sevilla, en Oklahoma. 

La decisión, que se espera para los próximos meses, podría redefinir los límites entre la libertad religiosa y la separación de iglesia y estado establecida por la Constitución.

El caso surge de una decisión de la Corte Suprema de Oklahoma del año pasado, que invalidó un contrato estatal para abrir la Escuela Virtual Católica San Isidoro de Sevilla, una escuela chárter que planeaba impartir un currículo explícitamente religioso. 

Los defensores de la escuela argumentan que su aprobación promovería la libertad religiosa y ampliaría las opciones educativas, mientras que los opositores advierten que violaría la prohibición constitucional de establecer una religión oficial.

Durante más de dos horas de argumentos orales, los jueces conservadores de la Corte Suprema mostraron apertura hacia permitir que la Iglesia Católica opere esta escuela chárter, aunque también plantearon preguntas sobre las implicaciones de tal decisión. 

Un punto central del debate fue determinar si una escuela chárter religiosa financiada con fondos públicos debería considerarse una entidad gubernamental o un actor privado. 

El juez Neil Gorsuch expresó preocupación sobre un posible “efecto bumerán”, sugiriendo que un fallo a favor de la escuela podría llevar a algunos estados a imponer más regulaciones a las escuelas chárter en general.

Los jueces también examinaron cómo este caso se relaciona con tres decisiones recientes de la Corte Suprema que han permitido cierto flujo de fondos públicos hacia organizaciones religiosas en contextos específicos, como el financiamiento de infraestructura para parques infantiles, matrículas escolares y créditos fiscales. 

Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, señaló que estos casos involucraban intervenciones estatales “bastante discretas” en comparación con el establecimiento de una escuela pública religiosa, cuestionando qué precedente respaldaría una intervención de esta magnitud.

Los partidarios de St. Isidore, representados por Jim Campbell de la Alliance Defending Freedom, argumentan que los estados no pueden discriminar a las instituciones religiosas al excluirlas de programas de financiación pública, como los de las escuelas chárter. 

Por otro lado, los opositores sostienen que financiar una escuela que enseñe religión con dinero de los contribuyentes cruza la línea constitucional que prohíbe el establecimiento de una religión por parte del gobierno.

El caso será decidido por ocho de los nueve jueces de la Corte, ya que la juez Amy Coney Barrett se recusó debido a su amistad con un profesor de la Universidad de Notre Dame que asesoró a St. Isidore. 

Con una composición de cinco jueces conservadores y tres liberales, un empate en la votación mantendría la decisión de la Corte Suprema de Oklahoma, que prohíbe la escuela. Si los tres jueces liberales se oponen a la escuela, un solo voto conservador en contra podría ser decisivo.