Limpieza en el DOJ: más de una docena de fiscales que investigaron el 6 de Enero fueron despedidos
Todos estos funcionaron fueron contratados para la oficina del fiscal de EE. UU. en Washington.

Una imagen de referencia del 6 de Enero
La limpieza del Departamento de Justicia a cargo de la Administración Trump continúa. En esta ocasión, más de una docena de fiscales que investigaron los hechos del 6 de Enero para la oficina del fiscal de EE. UU. en Washington fueron despedidos este viernes.
De acuerdo con un informe del New York Times, Emil Bove, el segundo funcionario al mando en el departamento, explicó que el despido se debió debido a una “contratación ilícita” por parte de la Administración Biden.
Según el NYT, Bove, encargado de supervisar despidos y traslados desde la inauguración presidencial, dijo que el anterior Gobierno contrató ilegalmente fiscales en los últimos meses para puestos permanentes, citando el programa de contratación provisional del departamento que fue destinado en gran medida para asignar casos relacionados al 6 de Enero.

Política
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Bove, según el NYT, dijo que las contrataciones “obstaculizaron inapropiadamente” al fiscal interino de EE. UU., Ed Martin, para cumplir con su “obligación de implementar fielmente la agenda que el pueblo estadounidense eligió al presidente Trump para ejecutar”.
Asimismo, el funcionario detalló que los nuevos directivos del DOJ no toleraran “acciones subversivas del personal” y explicó que los puestos vacíos se utilizarían para hacer contrataciones “basadas en el mérito”.
La medida se produce en la misma semana que James McHenry, el fiscal general interino, despidió a más de una docena de fiscales que trabajaban para el fiscal especial Jack Smith, quien lideró varios procesos contra Trump.
Los críticos de Trump han afirmado que estos despidos representan una venganza política contra sus adversarios políticos, especialmente aquellos que lo investigaron durante la última campaña presidencial. Sin embargo, sus aliados sostienen que el presidente está haciendo lo necesario para recuperar la institucionalidad dentro del DOJ para acabar con la “instrumentalización de la Justicia”.
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