La Corte Suprema avala el acuerdo entre Texas y el DOJ que anuló la norma de Biden para pausar deportaciones
La regulación de "cierre administrativo", adoptada en 2024 por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), permitía a los jueces de inmigración suspender temporalmente un procedimiento de deportación para que la persona pudiera tramitar otras vías de protección, como el asilo, ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
La Corte Suprema (SCOTUS) rechazó este martes restaurar una regulación de la era Biden que permitía a los jueces de inmigración suspender temporalmente ciertos procesos de deportación, según informó SCOTUSblog.
La regulación de "cierre administrativo", adoptada en 2024 por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), permitía a los jueces de inmigración suspender temporalmente un procedimiento de deportación para que la persona pudiera tramitar otras vías de protección, como el asilo, ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Un caso habitual era el de una víctima o testigo de un delito que necesitaba solicitar protección mientras el proceso de deportación quedaba en pausa.
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El acuerdo entre Texas y el DOJ
En junio, Texas llevó el caso a un tribunal federal en Wichita Falls, donde el juez Reed O’Connor aceptó la argumentación del estado de que la EOIR no tenía autoridad para adoptar la norma. El Estado de la Estrella Solitaria sostuvo que la ley federal exige que un juez de inmigración decida, al final del proceso, si un extranjero es deportable o no.
Apenas horas después de presentarse la demanda, el Departamento de Justicia (DOJ) y Texas pidieron al juez una sentencia final que anulara la norma y prohibiera a la EOIR adoptar una similar en el futuro. O’Connor concedió ambas peticiones el mismo día, según informó SCOTUSblog.
El intento de las ciudades por intervenir
En agosto, las ciudades de Baltimore, New Haven y Columbus, junto con Centro Legal de la Raza, intentaron unirse al caso para defender la norma en apelación. El juez O’Connor les denegó la intervención por falta de legitimación para demandar, rechazando su argumento de que la eliminación de la norma les costaría dinero por las deportaciones de contribuyentes.
Los demandantes recurrieron entonces a la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, que también rechazó bloquear el acuerdo y reinstaurar la norma mientras continuaba la apelación. El 9 de octubre, los demandantes acudieron a la Corte Suprema y calificaron el acuerdo de "colusión flagrante". Su abogado, Joshua Salzman, advirtió que permitirlo sentaría un precedente peligroso, ya que cualquier agencia puede eludir las restricciones de la ley federal "anunciando su falta de voluntad para defender una regulación desfavorable y aceptando de inmediato un alivio de alcance nacional".
La decisión final
El procurador general D. John Sauer pidió a la Corte que mantuviera el acuerdo, argumentando que la petición de los demandantes intentaba convertir una disputa sobre su legitimación para intervenir en un ataque mucho más amplio contra el fondo del caso. Texas, por su parte, sostuvo que suspender la sentencia de O’Connor "reviviría una norma que el tribunal de distrito declaró ilegal" y reabriría perjuicios fiscales y soberanos para el estado.
Cuatro días después de que el caso quedara completamente instruido, la Corte denegó la petición sin comentarios, dejando en firme la eliminación de la norma de cierre administrativo.
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