El crimen violento grave retrocede en EEUU durante el primer año del regreso de Trump

El Departamento de Justicia (DOJ) informó que la tasa de crimen violento no fatal grave, que incluye violación o agresión sexual, robo y agresión agravada, cayó un 25% en 2025, de 9,9 a 7,4 víctimas por cada 1.000 personas de 12 años o más en comparación con el 2024. Se trata de estimaciones preliminares de la Encuesta Nacional de Victimización Criminal (NCVS), elaborada por la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS).

Según el informe, durante el primer año de la segunda Administración Trump, la agresión agravada cayó un 31% (de 4,5 a 3,1 por 1.000), unas 390.000 víctimas menos. Además, los delitos contra la propiedad bajaron un 19% (de 138,0 a 111,2 por cada 1.000 hogares); el robo con allanamiento un 25% (460.000 menos); el robo de vehículos un 30% (349.000 menos), y la categoría otros hurtos un 19%.

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Sobre la NCVS, es la principal fuente de información del país sobre victimización criminal, incluyendo los delitos denunciados y no denunciados a la policía. "Cada año, la BJS recopila información de una muestra representativa a nivel nacional de aproximadamente 240.000 personas, de 12 años o más, en unos 150 000 hogares estadounidenses, sobre la frecuencia, las características y las consecuencias de la victimización criminal no mortal en Estados Unidos", señaló el DOJ.

"Este informe es prueba de que la agenda del presidente Trump está dando resultados. Bajo el mandato del presidente Trump y de la fiscal general Blanche, la seguridad de los estadounidenses que respetan la ley siempre será lo primero. Este éxito refuerza nuestro compromiso de garantizar que todos los estadounidenses puedan vivir, trabajar y formar una familia sin miedo", expresó al respecto el fiscal general adjunto, Stanley Woodward.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump ha descrito su agenda de seguridad como "hacer a Estados Unidos seguro nuevamente". Para ello, en abril de 2025 firmó una orden ejecutiva para mejorar la formación y la remuneración de los agentes, ampliar su protección jurídica y facilitar el acceso de las autoridades locales a recursos federales, entre otras políticas implementadas.