Mamdani pisa a fondo con su proyecto socialista y empieza a generar fuerte malestar en Nueva York

23 de julio pasado, el alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que la ciudad ya empezó a enviar correos a los propietarios de segundas viviendas de lujo en Nueva York para cobrarles el nuevo impuesto "pied-à-terre". Unos días después, el 27 de julio, el líder demócrata adelantó la creación —con 70 millones de dólares de los contribuyentes— de supermercados municipales con descuentos de hasta el 30% bajo la presunta premisa de combatir la inflación. Ahora, este 10 de agosto, Mamdani comunicó que respaldará un controvertido plan que obligaría a Amazon y a otras grandes compañías de reparto de paquetes a contratar directamente a miles de conductores o deliverys tercerizados, la mayoría provenientes de empresas pequeñas aliadas de dichos gigantes del envío.

Todas esas políticas, que apelan a las emociones de los electores neoyorquinos, no están necesariamente generando el impacto deseado para el alcalde socialista, cuyos planes de vivienda, asequibilidad y “lucha” contra las grandes corporaciones ya están generando fricción entre rivales políticos, funcionarios de la ciudad, grandes empresas y, especialmente, pequeños empresarios y neoyorquinos de a pie que ven con preocupación cómo sus negocios o sustentos de vida pueden desaparecen en un parpadeo gracias a una Administración que está pisando el acelerador desde la izquierda.

De hecho, según el reportero del Wall Street Journal James Fanelli, la “luna de miel” de Mamdani con Nueva York está, palabras más palabras menos, terminada. Eso después de que el líder socialista hubiera aglomerado un nivel de popularidad importante con comunicaciones ingeniosas y varios meses de intentar tender puentes entre empresarios preocupados y críticos. Pero ese Mamdani se difuminó, y ahora está enfrentando duras críticas por sus políticas, algunas ya frenadas desde lo legal.

El primer frente de fricción es el propio impuesto a las segundas viviendas de lujo. Según el WSJ, semanas después de que empezara el cobro, un juez suspendió la medida luego de que un grupo de residentes —entre ellos un simpatizante del propio Mamdani— demandara a la ciudad por errores en su implementación. La alcaldía había publicado en línea una lista de más de 900.000 propiedades que podrían estar sujetas al gravamen, aunque muchas de ellas probablemente no lo estén, y envió notificaciones a 17.000 propietarios advirtiéndoles sobre el posible cobro, algunos de los cuales aseguraron ser residentes de la ciudad desde hace décadas.

En la audiencia, el juez Wayne Ozzi cuestionó la decisión de hacer pública una lista tan amplia: "Estoy seguro de que generó preocupación entre la gente". El magistrado también señaló que la Administración Mamdani cometió errores que pudieron evitarse con una revisión más rigurosa antes de enviar las notificaciones. La ciudad apeló de inmediato, lo que dejó en pausa la orden judicial, pero el episodio ya dejó una marca en la implementación del proyecto insignia de Mamdani. La Casa Blanca, por su parte, sigue evaluando acciones legales federales para frenar el impuesto, al que calificó de experimento político peligroso.

El segundo frente abierto por Mamdani es el propio plan de supermercados municipales subvencionados en principio por el Estado, es decir, impuestos de los contribuyentes neoyorquinos. La solicitud de propuestas publicada por la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad, de 44 páginas, reveló que solo dos de las cinco ubicaciones prometidas —una en Manhattan y otra en el Bronx— existen hasta ahora; el resto de los postores debe cotizar tiendas en vecindarios que todavía no fueron identificados. El restaurantero de Chicago Nick Kokonas, cuyo análisis del documento se volvió viral, cuestionó que el plan no exigirá identificación ni prueba de ingresos para comprar: "No hay prueba de ingresos. Cualquiera puede comprar ahí". Es decir, el subsidio pagado por los contribuyentes beneficiará por igual a compradores de altos ingresos que vivan cerca de una tienda y a familias de bajos recursos de otras zonas de la ciudad. Sin embargo, Mamdani ha dicho que podrían implementar la obligatoriedad de presentar un documento de identidad para comprar, algo que los demócratas han criticado duramente en la cuestión electoral. Otros comerciantes, como Andy Arons, extitular de la cadena Gourmet Garage, y Fernando Matteo, del grupo United Bodegas of America, coincidieron en que el plan no resuelve el problema de fondo de asequibilidad y que sería más eficiente ampliar los beneficios de asistencia alimentaria ya existentes.

Sin embargo, una de las críticas más duras proviene, justamente, de las pequeñas tiendas de alimentos que denuncian cómo la ciudad, a través de la subvención, está generando competidores con precios mucho más bajos que van a afectar los niveles de venta de las tiendas privadas no subsidiadas. El representante Mike Rulli, quien antes de la política dirigió un negocio familiar de alimentos, espetó: "Van a dejar a cientos de estos pequeños negocios fuera del mercado. Y muchos de estos negocios son propiedad de inmigrantes”.

Desde el Gobierno federal, las críticas también se escucharon claramente: "Así que los contribuyentes de Nueva York no sólo pagarán 70 millones de dólares para construir tiendas de comestibles administradas por el gobierno, sino que también pagarán subsidios a perpetuidad para mantenerlas a flote mientras financian la competencia desleal contra las pequeñas empresas legítimas. Un problema más con el socialismo: eventualmente te quedas sin el dinero de otras personas", dijo Kelly Loeffler, administradora de la Agencia de Pequeñas Empresas.

El esquema de Mamdani, de hecho, no es inédito. Venezuela ensayó algo similar desde 1999, cuando el régimen chavista lanzó la red estatal Mercal para eximir al Estado de los costos de la cadena comercial y ofrecer productos subsidiados. Ese modelo, ampliado después con la estatización de cadenas privadas de supermercados, colapsó por la imposibilidad de sostener los subsidios y por la competencia desleal contra el comercio independiente. Para 2015, el índice de escasez en los productos controlados superaba el 80%, según mediciones independientes. Analistas de la Citizens Budget Commission advirtieron que Nueva York podría enfrentar, justamente, el dilema de mantener precios congelados que, indefectiblemente ,exigirán subsidios constantes mientras que, al mismo tiempo, el comercio minorista tradicional —que opera con márgenes de apenas 1% a 3%— pierde competitividad a pasos agigantados frente a tiendas con respaldo estatal ilimitado.

La economista Anne Rathbone Bradley, del Fund for American Studies, incluso citó el caso de Kansas City, donde un supermercado municipal cerró tras meses de estantes vacíos y robos. La experta atribuyó el fracaso a que este tipo esquemas reemplaza la lógica del mercado —precios, propiedad, incentivos— por decisiones burocráticas tomadas desde el sentimentalismo político y no los hechos económicos.

El tercer frente impulsado en el proyecto de Mamdani, y el que más empresas podría arrastrar, es la llamada Delivery Protection Act, respaldada por el propio alcalde socialista el lunes con el apoyo del sindicato Teamsters.

La norma obligaría a Amazon, FedEx y otras empresas de reparto a contratar directamente a los conductores que hoy trabajan para pequeñas compañías subcontratistas, en lugar de externalizar ese trabajo. El alcalde defendió la medida citando un informe de la Contraloría de 2025, según el cual los choques con heridos aumentaron en el 78% de los vecindarios donde se instalaron centros de reparto de última milla. "Corporaciones como Amazon construyen modelos de negocio de miles de millones de dólares aislándose de la rendición de cuentas", dijo en un comunicado.

La reacción en contra fue inmediata. Amazon advirtió que, de aprobarse la norma, podría trasladar sus operaciones de reparto fuera de los cinco distritos, lo que pondría en riesgo más de 5.000 empleos de conductores contratados por sus socios. Un estudio de la consultora AKRF calculó que la medida encarecería en 664 dólares anuales el costo de recibir paquetes para cada hogar neoyorquino. La coalición opositora New York Delivers, integrada por trabajadores de reparto y pequeños empresarios, sostiene que hasta 10.000 empleos de reparto en la ciudad podrían desaparecer, incluidos unos 3.500 solo en Harlem y en distritos del Concejo vecinos; según el grupo, el 82% de esos trabajadores no tiene título universitario y el 84% no es blanco, por lo que la cruzada de Mamdani anti-Amazon afectaría, más que a la compañía de Jeff Bezos, a las minorías de Nueva York.

Entre quienes más tienen que perder están los propios subcontratistas, generalmente pequeños empresarios que hoy emplean directamente a los conductores. Rudy Cazares, quien opera un Socio de Servicio de Entrega de Amazon y también trabaja como contratista de FedEx en la ciudad, dijo que la ley lo dejaría sin trabajo: "Tendría que cerrar mi negocio. No tendría negocio". Cazares emplea actualmente a unas 130 personas, con salarios que van de 23,75 a 27 dólares la hora, y afirmó al New York Post que ninguna autoridad de la ciudad ha dialogado con empresarios como él antes de avanzar con el proyecto.

Con este panorama es prácticamente un hecho que la tregua en Nueva York terminó. Ahora que el proyecto socialista de Mamdani avanza sin vergüenza, el alcalde demócrata ha borrado su enorme popularidad amalgamada durante el último verano para pasar a una etapa de conflicto político, críticas de los electores y batallas legales.