El Departamento de Justicia activa una nueva causa penal contra Maduro para evitar que quede libre

El aparato judicial de los Estados Unidos ha puesto en marcha un movimiento estratégico de última hora para asegurar el procesamiento del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro. Líderes de alto rango del Departamento de Justicia ordenaron de forma interna la apertura de una nueva investigación criminal en el Distrito Sur de Florida.

La decisión responde a la creciente preocupación entre funcionarios federales y de la Casa Blanca ante la posibilidad de que la acusación vigente en Nueva York no sea lo suficientemente sólida como para garantizar una condena contundente.

Según reveló una exclusiva de CBS News, que cita a múltiples fuentes familiarizadas con el caso, esta nueva línea de investigación formal se abrió alrededor de marzo, estando Maduro ya bajo custodia en territorio norteamericano.

El caso quedó bajo la dirección de Michael Berger, un experimentado fiscal de Miami especializado en litigios criminales internacionales, quien trabaja en coordinación con agentes del FBI, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

El factor Alex Saab

El nuevo despliegue legal coincide en el tiempo con la reciente deportación e imputación de Alex Saab, estrecho colaborador económico de Maduro. Las autoridades estadounidenses han mantenido durante años un interés prioritario en las operaciones financieras de Saab, debido a la firme sospecha de que este gestiona y oculta una parte sustancial de los recursos económicos personales del antiguo dictador venezolano.

El expediente judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores que motivó su arresto inicial data de 2020 —durante la gestión del fiscal general Bill Barr— y se centra de manera exclusiva en delitos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de fuego de grueso calibre. Ambos acusados se han declarado no culpables.

No obstante, fuentes internas revelaron a CBS News que existe una marcada inquietud en Washington debido a que la acusación de Nueva York carece por completo de cargos por lavado de dinero.

Aunque dicho expediente sostiene que Maduro facilitó pasaportes diplomáticos a traficantes y cobertura a aeronaves de blanqueo de capitales, diversos analistas y expertos han manifestado dudas sobre la contundencia de la argumentación que sitúa a Maduro como la figura central del tráfico de estupefacientes, recordando que los informes oficiales de la DEA indican que la mayor parte de la cocaína que ingresa a los Estados Unidos proviene directamente de Colombia, esquivando el territorio venezolano.

El reto técnico de rastrear los fondos de la corrupción

Frente a estas dudas analíticas, los fiscales en el sur de Florida buscan construir un caso paralelo fundamentado en delitos financieros. Históricamente, vincular de forma directa a las altas esferas del poder venezolano con cuentas bancarias en los Estados Unidos ha resultado una tarea sumamente compleja debido a los sofisticados métodos de ocultamiento y triangulación de flujos de dinero.

El antecedente más relevante de éxito judicial en el distrito de Florida ocurrió en 2018, cuando el extesorero nacional Alejandro Andrade Cedeño recibió una condena de prisión por su implicación en una red multimillonaria de lavado de dinero y cambio de divisas.

Con la incorporación de Alex Saab al escenario judicial actual, los investigadores federales intentan descifrar la estructura del esquema de sobrefacturación y sobornos del programa estatal de alimentos CLAP para conectar esos fondos ilícitos con el entorno directo de Maduro.

El Departamento de Justicia ha optado por mantener una postura de reserva institucional, y un portavoz de la entidad declinó realizar comentarios formales sobre las pesquisas en curso. Por su parte, la representación legal de Nicolás Maduro tampoco ha emitido declaraciones respecto al nuevo frente penal que se instruye en Miami.

La apertura de este segundo proceso penal pone de manifiesto que las autoridades estadounidenses prefieren diversificar sus opciones legales en lugar de depender únicamente de una acusación de narcotráfico.