Un informe del senador Ron Johnson sostiene que la Administración Biden conocía los posibles riesgos de miocarditis de la vacuna contra el COVID-19 y retrasaron las advertencias

Un informe provisional de 54 páginas de la oficina del senador Ron Johnson (R-Wis.), presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, alega que altos funcionarios de salud federales de Estados Unidos retrasaron durante meses en 2021 la emisión de advertencias públicas sobre los posibles riesgos de miocarditis y pericarditis asociados con las vacunas de ARNm contra el COVID-19, a pesar de las alertas tempranas recibidas.

Según el informe, a partir de febrero de 2021, las agencias federales de salud, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), fueron informadas por el Ministerio de Salud de Israel sobre 40 casos de miocarditis y otras complicaciones cardíacas en jóvenes que recibieron la vacuna de Pfizer. 

En ese momento, Israel tenía una tasa de vacunación significativamente más alta que Estados Unidos, lo que permitió detectar estos casos antes. Sin embargo, la respuesta inicial de un funcionario de la FDA, aproximadamente diez días después, destacó las limitaciones de la vigilancia pasiva y los datos incompletos, solicitando más información a las autoridades israelíes.

El informe detalla que, a mediados de abril de 2021, un contratista del Departamento de Defensa presentó al grupo de trabajo técnico sobre seguridad de la vacuna contra el COVID-19 (VaST) evidencia que sugería una “alta probabilidad” de que los síntomas cardíacos posteriores a la vacunación fueran miocarditis eosinofílica por hipersensibilidad. 

Para entonces, el Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas (VAERS) había registrado más de 158 casos de miocarditis, pericarditis o miopericarditis.

A pesar de estas señales, la autorización de la vacuna para adolescentes se aprobó en mayo de 2021. Aunque los miembros de VaST recomendaron informar a los proveedores sobre los riesgos de miocarditis, los principales funcionarios de salud debatieron la emisión de una advertencia formal a través de la Red Nacional de Alerta Sanitaria (HAN). 

La Dra. Sara Oliver, de los CDC, escribió el 25 de mayo de 2021 a Moderna que se estaban evaluando los pros y contras de emitir una HAN, ya que los CDC querían evitar parecer “alarmistas”. 

Al día siguiente, la entonces comisionada de la FDA, Dra. Janet Woodcock, expresó su oposición a la redacción propuesta de la advertencia, mientras que el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos, señaló que la miocarditis y pericarditis aún no se habían “manifestado” claramente como efectos secundarios. 

Otro funcionario expresó preocupaciones sobre la comunicación ineficaz con los proveedores, según reporta el New York Post.

En lugar de emitir la advertencia HAN, los CDC publicaron un aviso en su sitio web el 28 de mayo de 2021, reconociendo un aumento en los casos de miocarditis y pericarditis tras las vacunas de ARNm de Pfizer y Moderna, pero manteniendo la recomendación de vacunación para personas de 12 años o más. 

Para entonces, los informes en VAERS habían aumentado a 752 casos. 

Los puntos de discusión internos de la Administración Biden describían la miocarditis como “rara”, aunque el informe de Johnson señala que no está claro si esto influyó en la decisión de no emitir la HAN.

No fue hasta el 25 de junio de 2021 que la FDA actualizó las etiquetas de las vacunas de Pfizer y Moderna para incluir advertencias sobre el riesgo de miocarditis y complicaciones relacionadas. 

El informe de Johnson, publicado un día después de que la FDA anunciara medidas para endurecer los requisitos para las dosis de refuerzo, critica la demora en informar al público y sugiere que esta decisión puso en riesgo la salud de los jóvenes estadounidenses.

El informe concluye exigiendo una investigación exhaustiva sobre la respuesta del gobierno a los eventos adversos de las vacunas contra el COVID-19, argumentando que la información generada por las agencias federales, financiadas con impuestos de los ciudadanos, pertenece al pueblo estadounidense.